El Tribunal de Garantías Penales notificó la noche del miércoles a la Academia Aeronáutica ‘Mayor Pedro Traversari’ (Aampetra), la disposición judicial de develar una placa en memoria de las 41 víctimas de abuso sexual perpetrado por un docente en un aula de clases de esa institución, entre 2010 y 2011. 

Al evento se permitirá el libre acceso y está dispuesto, según consta en la notificación judicial, para el lunes 3 de julio, a las 07:00, en la institución educativa ubicada al sur de Quito, informó la Fiscalía. 

El dictamen del Tribunal se da tras el análisis de un informe enviado a la Fiscalía Provincial de Pichincha, solicitando el control de cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades de la institución educativa.

El pedido de Fiscalía se realizó a propósito de los incidentes sucedidos el pasado 19 de junio, en la Aampetra, día en el que sus autoridades organizaron un evento para cumplir con la reparación integral. Develaron una placa en el aula donde ocurrió el atentado al pudor contra los 41 estudiantes, pero "no se verifica la presencia de los padres de familia", indican los jueces en la notificación.

Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), "la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (...)".

A pedido de la Fiscalía, la sentencia ordena como reparación integral a las víctimas, que el aula que ocupó el 6to. y 7mo. C, donde estudiaron las víctimas, sea convertida en salón exclusivo de audio y video donde todos los años se impartan charlas de prevención contra la violencia infantil.

En dicha aula debe colocarse una placa con la leyenda "En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo", en ceremonia pública en un lunes en presencia de representantes del Ministerio de Educación, de Unicef en el Ecuador, y padres de las víctimas.

La sentencia debe notificarse al Ministerio de Educación para que el Estado establezca políticas públicas para conminar a las instituciones educativas privadas de estándares más altos para el ingreso del personal docente y administrativo, reza el fallo condenatorio. (I)