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Los 4 abogados de María Sol L. no fueron al juzgado

Los abogados de los otros tres procesados (izq.) y de la Fiscalía (der.) estuvieron puntuales para la diligencia.
Los abogados de los otros tres procesados (izq.) y de la Fiscalía (der.) estuvieron puntuales para la diligencia.
Foto: Carina Acosta / El Telégrafo
22 de diciembre de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

Para el viernes 29 de este mes quedó diferida la audiencia de reformulación de cargos contra Galo C., María S., Bolívar B. y la exdirectora general del Hospital Carlos Andrade Marín, coordinadora nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), asesora del despacho del Ministro de Industrias y coordinadora general de planificación del Ministerio de Industrias, entre el 1 de enero de 2010 y 15 de junio de 2015, María Sol L.

La audiencia en el caso de presunto peculado en el IESS que se debía cumplir ayer en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte, de Quito, no se realizó porque ninguno de los cuatro abogados de la principal implicada, María Sol L., llegó.

Aunque se dispuso la presencia del Dr. Mauricio Sotalín, en su calidad de defensor público para que represente a la procesada, este pidió al juez Máximo Ortega que le concediera unos días para conocer el caso y conversar con su potencial defendida, sobre todo, si ella acepta.

Criterio que fue compartido por los abogados de los otros procesados, quienes dijeron que es preferible diferir a que en lo posterior la mencionada ciudadana alegue que ha estado en indefensión.

Tras un diálogo de las partes procesales, el juez Ortega  dispuso la nueva fecha y advirtió que los cuatro abogados de María Sol L. tienen tres días término para que justifiquen la inasistencia a la diligencia, caso contrario emitirá un informe al Consejo de la Judicatura para que se adopten las acciones disciplinarias que correspondan.

El fiscal del caso, Iván Ron, Aguirre, quien había solicitado la audiencia para reformular cargos contra los procesados, presuntamente cambiar peculado por tráfico de influencias, no puso reparos a la decisión del juez.

El pasado 5 de septiembre de este año se dictó la prisión preventiva contra la exfuncionaria del IESS por su presunta participación en un caso de peculado, mientras que a los otros tres investigados por este hecho, el juez les dictó prohibición de salida del país, la presentación ante el fiscal cada 15 días y el uso de un dispositivo electrónico.

El argumento de la Fiscalía fue que María Sol L. y los otros procesados “formaban  la comisión técnica que autorizó la suscripción de un contrato para comprar medicamentos para el IESS, sin observar la normativa legal”.  Esta orden de prisión se convirtió en la tercera contra la exfuncionaria del IESS.

El 3 de agosto pasado, María Sol L. fue detenida, con su esposo, en el aeropuerto de Tababela cuando intentaba viajar a Estados Unidos.

Inicialmente fue acusada de presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, sancionados con penas de 7 a 10 años de cárcel y de 3 a 5 años, respectivamente, según los artículos 279 y 297 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Conforme el avance de las investigaciones se analizaron otros dos tipos de delito en los que habría incurrido la exfuncionaria del IESS: tráfico de influencias, que, según el art. 285 del COIP, es sancionado con penas de 3 a 5 años; y peculado, que sanciona con cárcel de 10 a 13 años, de acuerdo al art. 278 del COIP.

Por tráfico de influencias, el 1 de septiembre se realizó la audiencia de formulación de cargos contra María Sol L. y fueron vinculadas cinco personas más.

Los elementos de convicción presentados por el fiscal Juan Tenesaca fueron acogidos por la jueza de Garantías Penales, Karen Matamoros, quien dictó la prisión preventiva para María Sol L., Carlos C. y Raúl N., mientras que para Raúl B., María D. y José S. la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente. Para los seis, la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de cuentas bancarias.

La formulación de cargos se fundamenta en el informe de la Contraloría, con indicios de responsabilidad penal, por irregularidades en la suscripción de un contrato de limpieza con la empresa Super Clean para los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, por $2’991.000.

Para entonces María Sol L. ejercía el cargo de coordinadora nacional de gestión de las unidades médicas del IESS. (I)

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