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El Telégrafo
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Pese a vivir en el extranjero deberán presentarse en quito cada 15 días ante el juez de la causa

Juan Pablo E. niega participación en red de corrupción

Cerca de 30 minutos le tomó al fiscal general del Estado, Carlos Baca (izquierda), formular los cargos.
Cerca de 30 minutos le tomó al fiscal general del Estado, Carlos Baca (izquierda), formular los cargos.
Foto: Carina Acosta / EL TELÉGRAFO
01 de noviembre de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

El juez nacional Luis Enríquez  vinculó ayer a John P., Mauricio N. y Estéfano I. al proceso por el presunto delito de concusión, en el caso de corrupción de Odebrecht.

La decisión fue adoptada por el magistrado en la audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal general del Estado, Carlos Baca, formuló cargos contra los tres.

Los cargos se determinan porque presuntamente fingieron transacciones crediticias, para ocultar un soborno de $ 1’000.000 de la constructora brasileña, a través de 2 empresas ecuatorianas.

Según el Fiscal, las 3 personas estarían relacionadas al caso en calidad de coautores del delito que se investiga y explicó que las empresas Cosani, de Estéfano I. (hermano de Roberto y William Isaías Dassum); y Plastiquim, de Mauricio N.; son investigadas supuestamente por recibir dinero de Odebrecht.

En el tercer caso, como elemento de convicción contra John P. (hijo del excontralor Carlos Pólit), aparentemente existe un video y una versión en la que se lo nombra  como partícipe de la recepción de sobornos.

Tras escuchar la exposición fiscal y a los abogados de los procesados, el juez Enríquez anunció la vinculación y dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias, la prohibición de enajenar bienes y la presentación cada 15 días de los tres vinculados ante el juez en Quito.

Johana Suárez, abogada de Estéfano I., planteó la posibilidad de que su cliente se presente en el Consulado de República Dominicana, debido a que reside ahí hace 9 años, ante lo cual el juez aclaró que no es posible eso.

Carlos Cortázar, abogado de Mauricio N.  que reside en la Florida (EE.UU.), aseguró que su defendido sí se presentará ante la autoridad de justicia. Mientras que Pablo Almeida, abogado de John P., indicó que su cliente no tiene problema de venir a la capital, desde la Florida, para cumplir con la disposición judicial.

“Recordemos que el señor John P., hijo del señor excontralor general del Estado, no tiene absolutamente nada que ver con las empresas Plastiquim y Cosani”.

Desde el pasado 7 de agosto el excontralor Carlos P. era el único procesado en este caso. El juez Enríquez extendió 30 días más la instrucción fiscal, que concluiría el próximo 7 de noviembre. (I)

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Juan Pablo E. niega participación en red de corrupción

Por alrededor de 2 horas, el empresario cuencano Juan Pablo E. rindió ayer su versión libre, voluntaria y sin juramento ante la fiscal Diana Salazar, sobre los hechos que se investigan en torno a la supuesta captación ilegal de dinero a través de Sai Bank, en el caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

“Vengo a probar mi inocencia ante la Fiscalía con documentos concluyentes”, de la Superintendencia de Bancos y también de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “que prueban que no tuve conocimiento, relación o participación con el hecho que hoy la Fiscalía investiga”, manifestó.

Acompañado de sus abogados ingresó a la Unidad de Flagrancia, donde rindió su versión en forma reservada Juan Pablo E., quien está vinculado al caso y que por ello usa un dispositivo electrónico en su tobillo. Dejó en claro que tanto él como Sai Bank de Curazao “no tenemos relación con la empresa Odebrecht como se ha dicho”, para lo cual cuentan con un certificado de una auditora extranjera.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, Sai Bank habría recibido cerca de $ 153 millones en una cuenta de ahorros en el Banco Capital. Parte de ese dinero era por captación de clientes, quienes abrieron pólizas a plazo fijo sin que el banco tuviera autorización de la Superintendencia de Bancos.

La Fiscalía también aseguró  que Sai Bank, cuya sede ecuatoriana es propiedad de Juan E., habría facilitado el ingreso de dinero de Odebrecht al país sin levantar sospechas y que luego era usado para pagar sobornos a funcionarios públicos. (I)

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El Vicepresidente criticó acción de la Contraloría

Desde la cárcel 4, el vicepresidente Jorge Glas se refirió a la notificación de la Contraloría de destitución predeterminada en su contra. “Me hicieron firmar esto con engaño, porque vienen a notificarme a la cárcel y yo digo ¿qué es esto? Y me dicen es para la lectura de un borrador. ¿Cómo pido información estando en la cárcel?”.

En una entrevista con Ecuadorinmediato, el Segundo Mandatario manifestó que firmó la notificación. “Inmediatamente, bueno aquí no tenemos acceso a noticias como un ciudadano normal, pero inmediatamente vino uno de mis abogados y me dice que acaba de hacerse pública mi destitución; ¿destitución de qué?, yo firme un borrador”, sostuvo.

Y le explicaron que en la última hoja sí habían puesto la responsabilidad administrativa de la destitución al miembro del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, no al cargo de Vicepresidente de la República.

Indicó que la sanción se refiere al campo Singue y añadió que cuando fue ministro de Sectores Estratégicos, por ley, había un Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas que negoció tarifas de determinados campos petroleros y explicó que Singue, que era un campo cerrado, efectuó una inversión, pero que al final permitió una renta para el Estado ecuatoriano de más del 90%.

Explicó que el comité es un directorio. “Yo tampoco negocié la tarifa. Yo no fui parte de la negociación. Hay equipos técnicos que son los que se sientan con la empresa inversionista y que hacen la negociación”. (I)

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