El exabogado de contratos y exsubgerente de Logística y Abastecimiento de Petroecuador, Michael M., habría incurrido en un incremento patrimonial no justificado por alrededor de $ 400.000.

De esta cifra $ 271.091,21 en dinero; $ 44.857,02, por el pago de una vivienda; $ 39.900,00 por la compra de un auto; y $43.500,00 por otros dos carros, según confirmó la exdirectora de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, Silvia Pérez.

Durante la audiencia de juicio que inició en el Complejo Judicial Norte, en contra del exfuncionario, Pérez testificó, que además, la esposa de Michael M. registra movimientos económicos que difieren de los ingresos que percibió legalmente.

En la presentación de la teoría del caso, la fiscal Ximena Molina habló de un incremento patrimonial no justificado, pero no especificó el monto.

La exjefe del equipo de análisis de las declaraciones patrimoniales del procesado, Tatiana Muñoz, indicó que el presunto delito fue detectado en el examen de Contraloría realizado desde enero de 2010 al 20 de mayo de 2016.

Édgar Molina, abogado del acusado, al exponer la defensa, alegó que no hay incremento patrimonial de su cliente, producto de su cargo o función que desempeñó en Petroecuador.

Dijo que la estatal petrolera, en calidad de acusadora particular y la Fiscalía tendrán que probar el contrato con el que se benefició Michael M. y producto de aquello cuál fue su incremento patrimonial.

“Aquí no existe enriquecimiento ilícito, lo que le faltó a la Contraloría es determinar las consolidaciones bancarias y estas obedecen a la duplicidad de ingresos y de egresos”, afirmó Molina.

El tribunal integrado por Silvana Velasco, Mabel Tapia y Fanny Altamirano, luego de escuchar a menos de una decena de testigos, resolvió suspender la audiencia y convocó para el lunes 19 de este mes, su reinstalación.

Para esta audiencia, la Fiscalía anunció la presencia de siete testigos; la acusación particular (Petroecuador) ocho; y la defensa del procesado 19. (I)