Los 46 policías que, supuestamente, agredieron a las personas privadas de la libertad (ppl) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi, en Cuenca, fueron procesados en audiencia de formulación de cargos por tortura. El juez William Sangolquí dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica (una vez al mes) en la Unidad Judicial Penal de la ciudad.

El delito por el que son investigados está tipificado en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 años.

Durante la diligencia, el pasado jueves, el fiscal del caso, Adrián Arpi, relató lo ocurrido el 31 de mayo de 2016. Explicó que la Policía Nacional solicitó una autorización para efectuar un operativo para retirar objetos prohibidos del recinto. A las 09:30 de aquel día, los gendarmes, entre ellos cuatro oficiales de Policía (un mayor y tres subtenientes) ingresaron al pabellón de mediana seguridad J.C.

Pero, “sin que exista motivo alguno, a la fuerza y con golpes, los ppl fueron sacados de sus celdas. Luego los pusieron boca abajo, los insultaron y golpearon con los elementos de dotación, entre estos, los toletes”, agregó.

Arpi comentó que cuando los ppl estaban acostados en el piso, los policías caminaron sobre ellos y les pisaron la cabeza. Posteriormente, fueron obligados a desnudarse, acuclillarse y realizar sapitos.

Además, los policías habrían observado las partes íntimas de los internos, aduciendo que ahí podían esconder artículos prohibidos. Según versión de los agredidos, también les echaron gas lacrimógeno y les aplicaron corriente.    

Un informe pericial de audio y video fue presentado por la Fiscalía como elemento de convicción. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro penitenciario se evidencia la agresión física y psicológica a las víctimas.

La Fiscalía presentó los reconocimientos médicos legales, realizados por peritos, con los que se determinó que los ciudadanos sufrieron lesiones que provocaron de uno a cinco días de incapacidad.

En la audiencia, también, fueron expuestas las versiones de las víctimas y del director del CRS, así como el listado entregado por la Policía en el que se detalla los nombres de los agentes que participaron en el operativo.

En un video subido a YouTube, ppl con el rostro cubierto, exhibieron las huellas del maltrato  físico y expresaron su malestar. “Unos policías nos maltrataron. No es justo, uno también es humano”, indicó uno de ellos al exhibir los glúteos con rastros de que fue golpeado. Otro expresó “nos dijeron que nos iban a matar. Nos desafiaron a que denunciáramos, ya que no pasaría nada”.

Otro ppl, mostrando la espalda lastimada, señaló que “vinieron a maltratar a la gente de manera inhumana, metieron garrote y nos aplastaron la cabeza. Nos humillaron y lanzaron gas. Dijeron que nos podían desaparecer y matar, lo que generó psicosis entre nosotros”.

Traslado de 13 ppl a otros CRS

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, rechazó categóricamente el hecho y presentó la denuncia en la Fiscalía. Además, instó al Ministerio del Interior que sancione a los policías agresores.

La funcionaria indicó que las autoridades judiciales determinarán a los responsables para que respondan por sus actos conforme a la ley. “Los funcionarios del sistema penitenciario, así como los agentes policiales y de Seguridad Penitenciaria (ASP), no pueden bajo ninguna argumentación afectar los derechos fundamentales de las y los internos”, manifestó.

Zúñiga precisó que estas prácticas anticonstitucionales nada tienen que ver con los protocolos de seguridad penitenciaria, por eso presentó la denuncia en la Fiscalía. “Ya pasaron los tiempos de abuso y atropello a los derechos, de quien venga rechazamos toda forma de violencia”, expresó.

Además, la ministra dispuso el trasladó de 13 ppl del CRS Turi a los CRS de Guayaquil, Latacunga y Riobamba el 29 de julio de 2016. De ellos, siete están en Cotopaxi, cuatro en Guayas y dos en Riobamba.

Medidas de reparación

El 29 de septiembre, el juez Carlos Guzmán dictaminó las medidas de reparación a los privados de la libertad: disculpas públicas a los detenidos, tratamiento psicológico a los afectados.

Adicionalmente, dio a conocer el impedimento de ingresar a cualquier cárcel del país a los gendarmes que participaron en la requisa, así como el traslado de las víctimas a otras cárceles del país para precautelar su seguridad, además ordenó que cada 31 de mayo se deberán dictar charlas sobre los derechos humanos de los ppl.

El defensor público provincial del Azuay, Fernando Anzieta, destacó que con esta sentencia se crea un precedente para que en las cárceles del país se respeten los derechos humanos de los ppl y, sobre todo, estas medidas constituyen un llamado fuerte de atención a las autoridades carcelarias y policiales. (I)

Captura de pantalla de un video que muestra a los ppl del CRS Turi boca abajo cuando son castigados por policías. Foto: CORTESÍA

CRONOLOGÍA

Los ministerios de Justicia y del Interior coordinaron acciones para determinar a los autores de las agresiones y las sanciones. Los internos agredidos recibieron atención médica y psicológica.

Incursión (31/05/2016)
A las 10:00 del día señalado 80 policías camuflados y equipados (grupo UMO y GIR), sin explicación alguna, ingresan al Pabellón de Mediana Seguridad.

Denuncia (02/06/2016)
Familiares presentaron la denuncia de los hechos ante la Fiscalía para determinar si se violentaron los derechos humanos de los privados de la libertad.

Gestión (25/06/2016)
José Serrano (exministro del Interior) solicitó al comandante general de la Policía el inicio de una investigación para determinar a los responsables.

Audiencia aplazada (08/08/2016)
La audiencia de habeas corpus por realizarse en el Complejo Judicial de Cuenca fue postergada hasta el análisis de los videos del hecho.

Proceso (30/08/2016)
La Policía ratifica que el proceso de la baja contra los uniformados sigue su curso; mientras los reos agredidos vuelven a Cuenca solo para diligencias.   

Disculpas (29/09/2016)
Un juez penal dispuso que los policías que participaron en las agresiones se disculparan públicamente, tras audiencia de habeas corpus.

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Piden investigar cadena de mando

DD.HH. pide identificar a todos los implicados

La formulación de cargos en contra de los 46 policías que, supuestamente, habrían torturado a detenidos en el Centro de Rehabilitación Social Turi, de Cuenca, no fue vista con satisfacción por los miembros de Derechos Humanos (DD.HH.) y representantes de las Personas Adultas en Conflictos con la Ley (PACL).

Para Holger Dután, de DD.HH. en Azuay, el tema va más allá de una formulación de cargos. “Los policías no tienen una formación adecuada para cumplir con su deber.

Una segunda es que no hay un control adecuado en la institución para saber qué hacen los subalternos (policías)”. Dután dijo que la decisión de los jueces “es incompleta” ya que, además de una presentación periódica en una unidad de justicia, “debería haber un cambio de pensamiento en estas personas (uniformados)”.

De su parte el representante de los PACL en Azuay, César Zea, indicó que la Fiscalía no tenía otra posición que instruir ya que hubo muchos elementos en contra de los uniformados y que se esperarán 90 días para la audiencia de juicio y se determine a los responsables.

Para Zea, es importante conocer los nombres de las personas involucradas en la supuesta tortura, “espero que no solo sea el personal raso, sino que estén los verdaderos responsables”, indicó.

Agregó que las investigaciones deben llegar a la “cadena de mando”, esto en referencia a los oficiales de la Policía. (I)