La desconfianza y temor priman en Socio Vivienda

- 17 de noviembre de 2017 - 00:00
Los caballos de la Unidad de Equitación y Remonta (UER) de la Policía Nacional patrullaban ayer la ciudadela Socio Vivienda 2, en el noreste de Guayaquil.
Miguel Castro / et

La Policía ratifica que 70 reversiones de concesiones de casas en la ciudadela están listas por el mal comportamiento de las familias que ahí habitan.

Bajo un cielo nublado, las actividades se desarrollaban aparentemente normales ayer en el conjunto habitacional Socio Vivienda 2, en el noreste de Guayaquil. Las familias se levantaron resguardadas por la caballería montada de la Policía.

La intención es que las 23.463 personas que habitan en las 3.037 soluciones habitacionales de Socio Vivienda 2, -según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda- residan en un ambiente de seguridad.

Las amas de casa, el tendero, el vendedor de encebollado, el frutero, el verdulero, los recaudadores, entre otros, transitaban despreocupados por las calles vehiculares y peatonales de la ciudadela intervenida por la Policía desde el último miércoles por el alto índice delictivo.

Una ‘atmósfera’ de aparente paz se vivía también en los sectores conflictivos La Barraca, La Favela y Las Mallas. En el primer sitio, pequeños grupos de muchachos afroecuatorianos, agrupados en un par de esquinas, mataban el tiempo escuchando canciones del ritmo de moda: salsa choque; mientras policías a pie, en motos y a caballo vigilaban que todo permaneciera en orden.

“Aquí no ocurre nada. Es mentira que somos mafia. Nosotros no somos ni ladrones ni fumones”, balbuceó uno de los individuos en La Barraca.

La desconfianza reina

Al otro lado de la ciudadela, en la zona Las Mallas, en la manzana 06-02, Clara V.V., de 27 años, mostraba su desconfianza en la cuarta intervención policial y social. “La presencia de la Policía es buena, pero no es la solución. Es la cuarta vez que anuncian que nos van a ayudar y no cumplen. No han terminado con la delincuencia, ni con la venta de drogas”.

Mientras lavaba ropa en una pequeña lavadora en el portal de su casa,  la mujer recordó que el 14 de octubre último una banda de antisociales irrumpió en el inmueble de su tía, contiguo a   su vivienda. “Estábamos celebrando un matrimonio y nos asaltaron. Se llevaron celulares, carteras, alhajas. Todo”, indicó Clara, quien comparte la casa con su madre, esposo y sus vástagos de 5 y 2 años.

Ella se mostró frustrada y decepcionada de habitar en la urbanización popular. Dijo ser testigo de cómo niños desde los 12 y 13 años asaltan las tiendas, a cobradores y a  maestras de las escuelas de la zona. La moradora anteriormente vivió en la Isla Trinitaria, de donde fue reubicada para vivir mejor, pero, según ella, eso no ha ocurrido. La mujer pidió que se construya un centro médico en la zona.

Una pareja de adultos mayores, de 71 y 72 años, que fue reubicada en Socio Vivienda 2, tras vivir más de 40 años a orillas del estero Salado en la L y la 16, también mostró desconfianza en los resultados de la intervención de las autoridades. “La presencia de la Policía no solucionará nada. Eso lo saben las autoridades, quienes se reunieron ayer con los supuestos líderes barriales. El trabajo policial debe ir de la mano con un plan de reinserción social que permita cambiar a las familias con problemas de  comportamiento delictivo. Aquí tienen que estar los ministerios de Salud, Trabajo, Bienestar Social, Deporte y  Cultura”, expresó don Pedro A., quien también sufrió el robo de sus pertenencias cuando regresaba de un compromiso social-familiar en julio último.

La desconfianza en el trabajo policial tiene sus razones. En el último operativo, los gendarmes ingresaron por error en las casas de las ciudadanas Milena Minota y Norma Samaniego, asignadas con los números 14 y 15 de la manzana 08-08.

“Los policías se equivocaron. Aquí no encontraron nada ilegal, dejaron la puerta dañada y un  perjuicio psicológico para mí y mis hijos. Ni siquiera pidieron disculpas por el error”, manifestó Minota, quien habita en el sitio con su cónyuge y seis hijos.

Ambas mujeres temen que el Miduvi revierta la concesión de las viviendas que habitan y por las cuales pagan $ 15 mensuales.

Según Marcelo Castillo, jefe del distrito policial Nueva Prosperina, el Miduvi tiene listas 70 reversiones de las concesiones de casas habitadas por personas involucradas en delitos.

El oficial observó que los habitantes, la mayoría, están contentos con la intervención. “Los que están preocupados son los que están al margen de la ley”. (I)

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