La muerte de Yuliana Samboní, ocurrida el domingo 4 de este mes en Bogotá, es mucho más que un infanticidio brutal, con todas las agravantes.

La niña, de 7 años, no solo fue estrangulada por su asesino, el acaudalado arquitecto Rafael Uribe Noguera, sino que también fue violada varias veces y torturada con mordiscos que le quedaron marcados en los labios y el rostro.

Además, luego de ocurrido el hecho, la influyente familia de Uribe Noguera —cuyas conexiones con el poder político y económico de este país llegan a los más altos niveles— ocultó a la policía información, que pudo haber llevado a una captura más rápida del asesino.

Aunque faltan por atar varios cabos de este crimen atroz, la sociedad colombiana está convencida de que, en esencia, se trata de un retrato del poder y de la inequidad social.

En ese contexto, un joven rico y perturbado decide disponer de la vida de una humilde niña indígena con la convicción de que nada le ocurriría y que, si algo salía mal, su poderosa familia vendría a su auxilio.

De hecho, Rafael Uribe Noguera, quien ante el cúmulo de evidencias confesó en la Fiscalía ser el autor del crimen, pudo salirse con la suya.

Si no fuera por una cámara de seguridad en una de las calles del barrio marginal donde secuestró a Yuliana, y si un primo de la niña no hubiera identificado el automóvil en el que el criminal se movilizó esa mañana, es muy probable que lo hubiera logrado.

La Fiscalía, incluso, cree que el arquitecto, un soltero de 38 años, estaría implicado en otros infanticidios en los que habría evadido —cuando menos hasta ahora— la acción de la justicia.

En el caso de Yuliana no lo hizo porque, pese a la intervención de sus hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, el crimen fue de tales dimensiones que la operación de encubrimiento que —según la Fiscalía y la Policía— presuntamente se echó a andar, se salió de control.

Un día después del hecho, cuando Francisco internó al asesino en una clínica para alegar en el juicio demencia temporal por consumo de drogas y alcohol, había cientos de personas frente al hospital y en un parque de Bogotá exigiendo justicia y atajando a gritos cualquier intento de impunidad.

Clamor de justicia

Las redes sociales se convirtieron también en un espacio de protesta ciudadana donde cientos de colombianos expresaron su indignación.

En estos sitios de internet alertaron que no permitirían que la familia Uribe Noguera moviera sus contactos para impedir la acción de la justicia o atenuar el crimen del asesino.

En Colombia hay incredulidad, dudas y suspicacias sobre la real voluntad de las autoridades de esclarecer este caso y hacer justicia.

Los motivos: Humberto Martínez, hijo del fiscal general Néstor Humberto Martínez, fue compañero del asesino en el Gimnasio Moderno, el colegio de la élite bogotana.

También porque Uribe Noguera es novio de su prima Laura Noguera, y porque la mamá de Rafael, María Isabel Noguera, está casada en segundas con el exembajador de Colombia en Estados Unidos, el prominente abogado Luis Carlos Urrutia.

Y Francisco, el hermano del infanticida, trabajaba precisamente en el despacho de Urrutia hace 3 años, cuando fue acusado de urdir un entramado legal para que grandes empresas colombianas se apropiaran, en forma irregular, de más de 40 mil hectáreas de terrenos de la nación de alta productividad.

Son esas conexiones de la familia con las élites nacionales las que conllevan a la sociedad colombiana a intuir que hay manos siniestras tratando de influir en el desenlace judicial de este caso.

Pese a que la policía se contactó con Francisco poco después del mediodía del domingo 4 (pues el vehículo que conducía Rafael estaba a nombre de la esposa de su hermano), este envió a los investigadores a una dirección diferente a la del edificio donde ocurrió el crimen.

En la noche reportó que el asesino estaba con él y que lo conduciría a una clínica, donde finalmente fue detenido.

El viernes 9, cinco días después de la muerte de Yuliana, apareció muerto el vigilante del edificio donde ocurrió el asesinato, Fernando Merchán Murillo, quien estaba de turno el domingo y era un testigo clave de la Fiscalía.

El sábado 10, el policía Cristian Camilo Santiago fue encontrado con un balazo en la cabeza en la comisaría que atendió el caso Yuliana.

Las autoridades sostienen que la muerte de Merchán Murillo fue un suicidio y que el vigilante fue cómplice de Rafael, pues vio cuando entró con Yuliana al edificio y sabía lo que ocurría en el apartamento 603, donde se produjo la violación, tortura y muerte de la niña.

Antecedentes

La Fiscalía investiga si el portero, quien tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, cubría a Rafael en las fiestas que hacía en ese apartamento con travestis y prostitutas, y en otros eventuales actos de abuso de menores que pudo haber cometido.

Casi nadie en Colombia cree la versión del supuesto suicidio del vigilante.

“Ni en CSI (la serie policiaca estadounidense) descubren tan rápido un suicidio”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, la periodista Claudia Morales.

Yuliana fue sepultada el viernes 9 de diciembre en un empobrecido caserío rural del sureño departamento del Cauca.

Allí, donde su familia había llegado hace 4 años a Bogotá en busca de trabajo, cientos de personas, entre ellas sus familiares, la despidieron con una exigencia: justicia. (I)

Datos

El domingo 4 de diciembre Rafael Uribe Noguera rapta a Yuliana Samboní, de 7 años. La viola y la estrangula en su departamento.

El martes 6, a las 05:40, Uribe Noguera es trasladado por la Policía desde la clínica al juzgado. donde se dictó la prisión.

El 9 de diciembre, en medio del dolor de sus familiares, se efectuó el funeral de la niña Yuliana Samboní en El Tambo, Bolívar. (I)