El 3 de diciembre pasado se conmemoraron diez años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de Naciones Unidas, que cuenta con la ratificación de 153 países, siendo uno de los instrumentos con mayor aceptación en el mundo. Ecuador la ratificó en 2008, junto con su Protocolo Facultativo que establece la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para supervisar el cumplimiento de la convención y recibir comunicaciones individuales.

Según Naciones Unidas, cerca de 1.000 millones de personas, esto es alrededor del 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad, la mayoría en los países en desarrollo. En Ecuador, de julio de 2009 a noviembre de 2011, las brigadas de la Misión Solidaria Manuela Espejo visitaron 1’286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones, visibilizando la vida y rostros de miles de personas y despertando la conciencia de una sociedad que daba las espaldas a su presencia. A octubre de 2016 se registran 415.500 personas con discapacidad.

Así como Manuela Espejo construyó su vida en la penumbra de la historia oficial y patriarcal, que incluso hasta hoy hace notar su existencia antecediendo los nombres de su hermano y esposo, las personas con discapacidad demandan su reconocimiento como sujetos de derechos y artífices de su propia historia.

Es preciso mencionar que el país ha avanzado positivamente en el tema, así lo reconoce el comité al valorar la Constitución de 2008, la Ley de Discapacidades y el desarrollo de políticas públicas, como el Plan Nacional para el Buen Vivir, la Misión Solidaria Manuela Espejo, la creación de la Secretaría Técnica de Discapacidades anexa a la Vicepresidencia de la República, hoy suprimida; y el aumento en las partidas presupuestarias destinadas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en los últimos años.

Sin embargo, aún existen retos; el comité de manera clara y crítica menciona algunas preocupaciones y recomendaciones en su Informe CRPD/C/ECU/CO/1 de 27 de octubre de 2014. Observa la necesidad de adecuar la legislación de discapacidades; prevenir la violencia e impulsar los derechos a la educación, transporte, desarrollo urbano, salud, relaciones familiares, trabajo, cultura y deporte, con la participación de organizaciones independientes y con énfasis en las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de pueblos indígenas, afrodescendientes y montuvios.

Ecuador, su sociedad e institucionalidad, están llamadas a asumir estos retos desde el rol y la realidad activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones, tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas, el mandato constitucional y el cumplimiento de las recomendaciones de órganos como el comité, agenda sobre la cual el retorno de Manuela Espejo se hace imprescindible. (O)