Luego de analizar diversos casos presentados por demandantes y personas legitimadas, la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia con respeto al apremio parcial de la persona deudora y responsable de la alimentación, educación, cuidado y asistencia de los menores de edad, acercándose así cada vez más a la reforma de la coparentalidad y regulación de pensiones alimenticias.

Anteriormente, el Presidente saliente, Rafael Correa, había informado el pasado jueves el envío a las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia respecto a las pensiones alimenticias y coparentalidad, expresando su deseo de socializar el debate con argumentos en vez de opiniones.

La CC expidió lo siguiente:

1)Aceptar las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo de los artículo de los artículos 23 y 24 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial No 643, del 28 de julio de 2009, presentadas por el señor Arturo Alberto Zelaya Gamboa.

2)Negar las acciones de inconstitucionalidad por el fondo de los artículos enumerados 5 incisos segundo, tercero y cuarto; 6 numeral 1; 7 inciso primero;8;9; 10 inciso segundo; 25;26;27;28;29;30;33;34;35;37 inciso cuarto y disposición transitoria segunda de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

3) Declarar inconstitucionalidad la frase “la prohibición de salida del país” en el artículo 24 de la Ley Reformatoria al Título V.

4) Declarar la inconstitucionalidad condicionada del artículo 25 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

5) Declarar la inconstitucionalidad condicionada del artículo 27 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

De este modo, la CC, en acuerdo con el numeral 5 del artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y con respecto a los principios de supremacía constitucional y eficacia normativa, precisó que ninguna autoridad o persona natural o jurídica, podrá ejecutar o aplicar una interpretación distinta a la citada en los numerales antes mencionados. (I)