En la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha se efectuó ayer la audiencia de estrados sobre el caso Indra. Se trata de un contrato que firmó en 2011 el Consejo de la Judicatura (CJ) de Transición con la empresa para adquirir software, computadoras y equipos de grabación para 250 salas de audiencia.

Por solicitud del CJ, la Contraloría practicó un examen al contrato, el cual determinó que hay aspectos incumplidos por la empresa Indra, por eso se emitió una glosa de $23’760.000 que se canceló por el sistema ‘Justicia 2.0’; además, estableció irregularidades supuestamente cometidas por el administrador del contrato, Federman E.

Luego de la diligencia judicial, el director de la Judicatura, Tomás Alvear, indicó que las partes expusieron ante los jueces los pormenores del caso, de manera que puedan emitir una resolución sobre el examen de Contraloría.

Emitida la resolución, la Judicatura podrá iniciar una acción civil para reclamar la indemnización por daños y perjuicios a la compañía.

La empresa Indra, en una comunicación remitida a este diario, indica que cumplió con los objetivos marcados en el contrato que ejecutó en el período 2011-2013 con la Judicatura. Asegura que el sistema ‘Justicia 2.0’, que consta de 9 módulos, se receptó sin observación.

Según la compañía, el CJ manifestó su conformidad con el proyecto. “Estamos abiertos a presentar las pruebas que requiera esta causa en las instancias legales necesarias”. (I)