“Vamos a demostrarle al mundo de cuánto es capaz este pueblo que vive aquí en el centro del universo. Vamos a lograrlo, porque con Dios y con vosotros sí se puede”. Esta frase de León Febres-Cordero retumbó en el seno del Congreso Nacional, el día de su posesión, el 10 de agosto de 1984.

No hubo sorpresas al integrar su gabinete ministerial: sus colaboradores cercanos salieron de filas empresariales y de la derecha política criolla.

Los seis primeros meses de su mandato se caracterizaron por un duro enfrentamiento con el Parlamento, que tenía mayoría de centroizquierda, por lo que el escenario legislativo se convirtió en punto focal del conflicto político de entonces.

El programa económico de corte neoliberal impuesto al país, junto al autoritarismo político de la administración de Febres-Cordero, profundizaron su antipopularidad en amplios sectores sociales. Se desató así el descontento popular y hubo jornadas de protesta. La primera huelga nacional -de las 7 que soportó el régimen- se dio los días 9 y 10 de enero de 1985. Aquellas jornadas dejaron el saldo trágico de 6 muertos y decenas de detenidos. El Gobierno, apremiado por las graves protestas, decretó entonces el estado de emergencia en todo el país.

En octubre de 1984, la mayoría legislativa, liderada por Izquierda Democrática (ID) y Democracia Popular (DP), liquidó los períodos de los jueces y se procedió a renovar toda la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se colocaron ahí personajes cercanos a los dos partidos. Por ejemplo, Gustavo Medina, afiliado a la ID, fue nombrado presidente de la CSJ.

El presidente Febres-Cordero consideró inconstitucional las designaciones en la nueva CSJ, argumentando que los jueces en funciones tenían un mandato de seis años, hasta 1985, por lo que dispuso cercar el edificio de la Corte con tanques de guerra, impidiendo así que los nuevos jueces tomaran posesión de sus cargos. “Fue terrible, ese hecho  marcó negativamente la respetabilidad de la Función Judicial”, recuerda Medina López. Por casi 2 meses el país tuvo 2 Cortes. Luego hubo un acuerdo político y se designó a nuevos jueces.

La visita de Juan Pablo II a Ecuador (29 de enero al 1 febrero de 1985) fue la primera de un pontífice al país. Monseñor José Eguiguren, acompañante del Papa, recuerda: “Él llegó a Ecuador con un mensaje especial para los trabajadores, otro para los indígenas, para jóvenes y para las familias. Era un hombre humilde y con sensibilidad humana para captar la cultura del lugar donde llegaba. De ahí provenía su enorme carisma para las multitudes”.

Dos meses después, en abril de 1985, a nivel interno y externo causa sorpresa la visita del presidente derechista Febres-Cordero a la Cuba socialista de Fidel Castro. “Hemos congeniado mucho. Nos llevamos bien”, dijo Febres-Cordero, junto a un Fidel Castro sonriente y complacido. En La Habana ambos firmaron varios acuerdos de cooperación.

Paradójicamente, en octubre del mismo año, el canciller Édgar Terán anunció que el gobierno de Febres-Cordero rompía relaciones diplomáticas y consulares con Nicaragua, país aliado a Cuba.

El 1 de junio de 1986, el gobernante llamó a referéndum al pueblo, para que respondiera la siguiente pregunta: “Compatriota, ¿quiere usted que los ciudadanos independientes tengan pleno derecho a ser elegidos, sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno, confirmando así la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley?”. El 24,96% de votantes respondió sí, mientras el voto negativo alcanzó el 56,85%. Febres-Cordero perdió terreno.

Esa maniobra fallida le pasó factura al Gobierno por partida doble, pues, aquel día, en la misma jornada electoral, los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir 59 diputados provinciales para el período 1986-1988, quienes se sumarían a los 12 diputados nacionales elegidos en 1984. La oposición al Gobierno triunfó y captó 43 curules.

Al fuerte revés político de junio se añadió la crisis económica que se profundizó en agosto: el precio del barril de crudo nacional cayó de 25,9 a 12,7 dólares, lo que llevó al país al borde del colapso financiero. En ese contexto, Febres-Cordero adoptó un ‘paquetazo’ de medidas económicas, que incluyó el alza de precios de pasajes y de combustibles. Aquello desencadenó nuevas protestas sociales. En ese ambiente crispado y crítico el país cerró el año 1986.

En mayo de 1987, el ministro de Industrias, Xavier Neira, muy allegado a Febres-Cordero, fue sindicado por supuesto caso de peculado, por un contrato de prestación de servicios para el programa de medicamentos genéricos suscrito entre el Ministerio de Industrias y la firma Ecuahospital Cía. Ltda., por 350 millones de sucres. Neira viajó a Miami para evitar la orden de captura. Volvió al país tres años después, cuando el presidente de la CSJ, Ramiro Larrea, lo sobreseyó definitivamente.

A inicios de 1988, el régimen se debilitó más, agobiado por escándalos de corrupción en las altas esferas y abusos flagrantes a los derechos humanos, cometidos desde 1984. Entre los casos de corrupción resaltaron: la huida de Joffre Torbay, secretario de la Administración, con ayuda del Gobierno, tras ser sindicado por comprar 350 recolectores de basura a la empresa mexicana DINA, con un sobreprecio de 7 mil dólares por vehículo; denuncias de presunto sobreprecio para la vía Perimetral en Guayaquil; el robo de unas orejeras de oro, pinturas y obras de arte del Palacio Nacional.
Luego, el equipo neoliberal de Febres-Cordero se desbandó y el PSC quedó seriamente lesionado. (I)

El hecho relevante

El 'Taurazo', liderado por Vargas Pazzos, marcó  las vidas del Presidente  y del Vicepresidente

El 7 de marzo de 1986, en la base aérea de Manta, el comandante general de las FF.AA., Frank Vargas, se rebeló contra el gobierno socialcristiano. El 15 de marzo fue detenido y encarcelado en Quito.

Vargas Pazzos había acusado al general Luis Piñeiros, entonces ministro de Defensa, por un supuesto sobreprecio valorado en $ 6 millones, en la compra de un avión Fokker para la aerolínea estatal TAME. La Comisión de Fiscalización del Congreso inició la investigación y el 24 de abril dictaminó que no hubo irregularidades en la compra de la aeronave, a pesar de que la Contraloría estableció glosas por 200 millones de sucres, sin establecer implicados.

Vargas continuó detenido a pesar de que el Congreso ya había aprobado una amnistía que el presidente Febres-Cordero se negó a publicar en el Registro Oficial y, por lo tanto, no se podía ejecutar.

El viernes 16 de enero de 1987, miembros del escuadrón de protección de la base aérea de Taura secuestraron al presidente Febres-Cordero, al Ministro de Defensa, al Comandante del Ejército, al Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. y a otros miembros de la comitiva presidencial, durante la ceremonia de bienvenida, en una visita protocolaria realizada a la base de Taura.

Negociaron la liberación de los secuestrados a cambio de la libertad del general Vargas y de que el Presidente no tomara represalias contra los implicados. Mientras tanto, en el Congreso, la mayoría opositora aprovechó la coyuntura para pedir la renuncia del Primer Mandatario, pedido que no prosperó, según recuerda el entonces asambleísta Jorge Moreno Ordóñez.

El país vivió 12 horas de tensión. Febres-Cordero fue liberado junto a su comitiva una vez que firmó la orden de liberación de Vargas, previamente al compromiso de no tomar represalias. Hubo 5 muertos, entre ellos dos escoltas del gobernante. Mientras estuvieron detenidos, sufrieron vejaciones y agresiones físicas, cuando se negaron a cumplir las instrucciones de los amotinados; incluso se dice que ese día Febres-Cordero lloró. Después los comandos de Taura fueron detenidos, enviados a Quito y juzgados por insubordinación.

Por su actuación, el Presidente tuvo apoyo y críticas. “Se trató de un complot político”, recordó en 1999, y acto seguido desvinculó del caso a su exvicepresidente, Blasco Peñaherrera Padilla. (I)

El terremoto de 1987 agudizó la crisis que enfrentaba el gobierno de la derecha ecuatoriana

Uno de los golpes duros que recibió el gobierno de León Febres-Cordero ocurrió el 5 de marzo de 1987, cuando el país soportó dos fuertes sismos. El primero ocurrió a las 20:54, con una magnitud de 6,1 grados en la escala de Richter. Horas más tarde, a las 23:10, hubo un segundo movimiento telúrico de mayor magnitud: 6,9 grados.

Los epicentros fueron localizados en la provincia de Napo, aproximadamente a 100 km de Quito y a 25 km del volcán Reventador. Estos fenómenos naturales afectaron en mayor grado a las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi y Napo. Cerca de 1.000 personas fallecieron por la catástrofe. Adicionalmente ocurrió la destrucción o rotura de aproximadamente 70 km del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), se cerró la carretera entre Quito y la provincia de Napo, entre otros daños.

Quienes perdieron sus vidas -en su mayoría de los sectores de Baeza y Lumbaquí- fueron sorprendidos por los deslizamientos o fueron arrastrados por los ríos de flujos de escombros, de suelos saturados, restos de rocas y vegetación de los empinados flancos volcánicos.

No se pudo exportar petróleo por siete meses. Se estima que Ecuador perdió alrededor de 2 mil millones de dólares por efectos del terremoto.

Una semana después, el secretario de la Administración Pública, Patricio Quevedo, anunció severas medidas económicas para afrontar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, entre ellas: se aumentó 80% el precio de la gasolina y otros combustibles; disminuyó en 10 mil millones de sucres el presupuesto del Estado; se suspendieron los pagos de la deuda externa, por un monto cercano a los 54 mil millones de sucres.

El argumento del Gobierno: la catástrofe causó pérdidas por 88 mil millones de sucres, divididas así: costo para la reconstrucción del oleoducto e instalaciones afines, 22 mil millones; pérdidas por paralización de exportaciones de crudo, 53 mil millones; pérdida en la comercialización interna de derivados, 4 mil millones; reparación de la infraestructura vial, 3 mil millones; otras pérdidas, como líneas eléctricas, vivienda, producción agrícola de las zonas afectadas, 6 mil millones.

Los efectos de la amplia afectación sobre el desarrollo agrícola e hidroeléctrico de la región fueron difíciles de evaluar, pero fueron muy grandes y el país tardó años en recuperarse. (I)