“O cambiamos el Ecuador o morimos en el intento”. Este fue el compromiso de Lucio Gutiérrez, el 15 de enero de 2003, al asumir la Presidencia de la República en el Congreso, ante 1.200 invitados, entre ellos 7 jefes de Estado latinoamericanos.

El Presidente estructuró un gabinete diverso y contradictorio: el frente económico y el frente político fue a manos de los sectores tradicionales de la derecha. Entregó 4 ministerios a Pachakutik, entre los que destacaban los de Relaciones Exteriores y Agricultura, dirigidos por líderes indígenas.

A los 4 días de gobernar, Gutiérrez y su ministro de Economía, Mauricio Pozo, anunciaron un ‘Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano’, que contemplaba el incremento de precios de los combustibles, la congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los gastos del Estado. Eso causó descontento popular.

Como compensación, el Bono Solidario, instaurado en el gobierno de Mahuad en 1998, que recibían 1,2 millones de ecuatorianos, subió de $ 11,5 a $ 15 para las madres de familias pobres, y de $ 7 a $ 11,5 para ancianos y personas con discapacidad.

Renán Borbúa (i) y Napoleón Villa (d), primo y cuñado de Lucio Gutiérrez, fueron parte del ‘piponazgo’. Foto: Archivo / El Telégrafo

El 9 de febrero, Gutiérrez inició un viaje no oficial de 6 días a EE.UU. El 10 de febrero asistió a la firma de una carta de intención con el FMI (por parte del ministro Mauricio Pozo). Ahí se estipuló la liberalización de precios, el control de ingresos fiscales, las reformas: laboral, tributaria, arancelaria y el pago de la deuda externa (valorada entonces en $ 16.400 millones). A cambio, el país recibiría del FMI un crédito de $ 200 millones y la elegibilidad para obtener otros $ 500 millones más.

Al día siguiente, en la Casa Blanca, anunció al presidente George Bush que Ecuador desea convertirse “en el mejor amigo y aliado de EE.UU.”.  

Pronto las discrepancias políticas con quienes lo  ayudaron a llegar al poder se hicieron latentes y los movimientos indígenas presionaron al mandatario, hasta que el acuerdo se rompió y lo abandonaron.

Para entonces, Gutiérrez había levantado a su alrededor un cerco de allegados militares, nombrándolos ministros, subsecretarios y presidentes de empresas estatales, como Petroecuador, Pacifictel, Andinatel, Aduanas, etc. Además, seis militares retirados fueron nombrados gobernadores en varias provincias. Era el ‘gobierno de los coroneles’.

También sus familiares cercanos, lejanos y relacionados se convirtieron en empleados públicos, al tiempo que a las puertas del Palacio de Gobierno llegaban cientos de personas, con carpetas bajo el brazo, para demandar un puesto de trabajo.

Guillermo Castro, el ‘Pichi’, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y facilitó el retorno de Bucaram. Foto: Archivo / El Telégrafo

En octubre de 2003, el gobierno de Gutiérrez Borbúa protagonizó un gran escándalo que sacudió las estructuras de las Fuerzas Armadas ecuatorianas: el descubrimiento de que -desde hacía varios años- desaparecieron de los cuarteles grandes cantidades de armamento. Se sospechaba que habría sido ‘negociado’ con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Paralelamente, antes de cumplir un año de gobierno, se desataron huelgas en el sector público; se paralizaron varios ministerios y siete altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Vivienda, un gobernador y el presidente del Fondo de Solidaridad, Napoleón Villa (cuñado del Jefe de Estado), habían sido acusados de corrupción y debieron renunciar a sus cargos.

El presidente Gutiérrez Borbúa dispuso el retiro de todos los militares activos que se desempeñaban en distintos cargos públicos.

El ministro de Desarrollo Humano, también militar, Patricio Ortiz, dimite por estar involucrado en un sobreprecio o negociado en la adquisición de  insumos destinados a socorrer a pobladores afectados por las erupciones del volcán Tungurahua.

La situación petrolera del país sufrió también un grave revés, a mediados de 2004, cuando -de manera unilateral- el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato con Oxy, la gigante petrolera estadounidense.

Poco tiempo después, un nuevo escándalo sacudió las bases del Gobierno cuando se denunció que su campaña presidencial había sido financiada con dinero proveniente del narcotráfico. Esa situación fue aprovechada por los diputados de la Izquierda Democrática (ID) para plantear su destitución. Un hábil acuerdo político, en el que participaron los partidos Social Cristiano, Prian y Sociedad Patriótica, salvó al gobernante de su posible caída.

Con mayoría legislativa conformada por el PSP, PRE y Prian, el 25 de noviembre -de manera ilegal- se removió de sus funciones a todos los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, que hasta entonces habían sido ‘feudos’ del socialcristianismo.

A inicios de 2005, Gutiérrez fue investigado por acusaciones de haber utilizado recursos públicos en apoyo al partido de gobierno; además, fue cuestionado por nombrar a su cuñado Napoleón Villa como juez del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pese a no tener titulo de doctor. Y solo ante los reclamos generalizados se retractó de nombrarlo.

Estos y otros acontecimientos desataron el malestar y descontento ciudadanos, hasta llegar a un punto crítico. Pese a las acciones desesperadas, en abril, Gutiérrez perdió el control y fue destituido.

El analista David Chávez considera que si hubiera actuado con más talento político, Lucio Gutiérrez habría aprovechado el impulso de las luchas populares y de los movimientos sociales, pues en esa era prácticamente todos querían un cambio. (I)

El 2 de abril de 2005 Bucaram llegó de su exilio en Panamá al parque Centenario. Hubo un masivo recibimiento. Foto: Archivo / El Telégrafo

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EL HECHO RELEVANTE

El célebre 'pacto de las guayaberas' permitió el retorno de Bucaram y el inicio del fin del Gobierno

La inestabilidad política fue una constante durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Él, en forma continua, asumió diversos compromisos para procurarse más respaldo político. El 8 de diciembre de 2004, a través de la mayoría legislativa que alcanzó en el Congreso, propició otro atentado contra los principios jurídicos y constitucionales, al destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e imponer nuevos jueces identificados con los partidos de la mayoría parlamentaria, incluyendo a dos jueces recomendados desde Panamá por el exiliado expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz.

El nuevo titular de la CSJ, Ramón Rodríguez, demostrando que existía una clara intromisión del Primer Mandatario en la Función Judicial, reveló que Lucio Gutiérrez le propuso la presidencia de la Corte. Un mes después, Rodríguez renunció al cargo y fue reemplazado por el subrogante Guillermo Castro Dáger, quien actuó en los dos juicios penales entablados contra su coideario y amigo Abdalá Bucaram, acusado de abuso de fondos públicos.

Se había concretado así el llamado ‘pacto de las guayaberas’, acordado en un encuentro de Gutiérrez con los líderes roldosistas, en el lujoso hotel Central Park de Ciudad de Panamá.

La nueva Corte Suprema de Justicia -denominada popularmente como la ‘Pichicorte’, en alusión al apodo de Guillermo Castro- anuló los juicios en contra de los expresidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa. Además, archivó el proceso judicial en contra del exvicepresidente Alberto Dahik.

El 2 de abril de 2005, en medio del asombro de los ecuatorianos, Bucaram Ortiz arribó a Ecuador, se le ofreció un fuerte resguardo policial y fue protagonista de un show mediático desde una tarima armada en la plaza pública del parque Centenario de Guayaquil. Desde ahí agradeció a los tres presidentes -Omar Quintana (Congreso), ‘Pichi’ Castro (Judicial) y Lucio Gutiérrez (Ejecutivo). También fustigó a la prensa; a León Febres-Cordero lo tildó de marihuanero; atacó a los partidos ID y PSC, opositores de Gutiérrez; y anunció su idea de emprender camino hacia la ‘revolución bolivariana’.

Al día siguiente retornó el expresidente Gustavo Noboa y luego Alberto Dahik. Esta situación produjo una crisis de gobernabilidad que devino en una gran movilización ciudadana a nivel nacional y que a su vez provocó el fin del gobierno gutierrista. (I)

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EL HECHO RELEVANTE

La inconformidad fue el elemento distintivo de los 'forajidos' durante la caída de Lucio Gutiérrez

Permitir el retorno de Abdalá Bucaram al país colmó la paciencia de miles de ecuatorianos, quienes ya estaban indignados por los incumplimientos del Gobierno y las constantes contradicciones; de ahí el calificativo popular de ‘Rectificadora Gutiérrez’.

Los primeros días de abril de 2005 comenzaron a reunirse pequeños grupos en los exteriores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso Nacional, Palacio de Gobierno y la Avenida de los Shyris, en Quito, para fustigar las acciones del régimen.

Estos ciudadanos autoconvocados a las protestas diarias fueron calificados como ‘forajidos’ por Gutiérrez, quien en respuesta convocó a sus simpatizantes a las contramarchas que terminaban en la Plaza de la Independencia.

Mientras el número de protestantes se multiplicaba y las marchas se extendían al resto del país, aun con el respaldo de las FF.AA., la noche del 15 de abril de 2005, mediante el Decreto Ejecutivo 2752, Gutiérrez declaró el estado de emergencia nacional, dispuso la cesación de todos los miembros de la CSJ, estableció como zona de seguridad a Quito y suspendió varios  derechos civiles de los ecuatorianos.

Con estas medidas intentó apagar los ánimos de la ciudadanía, pero falló, a pesar de que la ‘Pichicorte’ fue cesada, anulando sus decisiones, por ende, el expresidente Bucaram regresó a su exilio en Panamá y el Gobierno perdió la mayoría parlamentaria.

En los días posteriores aumentaron las protestas, los ‘cacerolazos’ y los ‘reventones’ por parte de los pobladores quiteños, quienes durante las noches hacían sonar las tapas de las ollas y reventaban globos, mientras las voces repetían: “Lucio fuera”.

La caída del Presidente era inminente, la decisión del pueblo era inquebrantable. Finalmente, a las 14:02 del miércoles 20 de abril de 2005, la ciudadanía capitalina llegó hasta la sede de la Presidencia. A pesar de haber repetido varias veces que “solo muerto” lo sacarían del palacio, Gutiérrez Borbúa abandonó Carondelet escapando ‘por los techos’, a bordo de un helicóptero del Ejército, que lo condujo directamente al aeropuerto, donde lo esperaba un pequeño avión militar con los motores encendidos para facilitar su huida. Pero el pueblo invadió la pista de aterrizaje e impidió que la aeronave pudiera despegar, por lo que debió abordar nuevamente el helicóptero para evadir una vez más la ira popular. Luego, el depuesto mandatario se refugió en la embajada de Brasil, en Quito. (I)