El pasado lunes, en el proceso de recepción de aportes para la elaboración del informe para segundo debate de la Ley de Economía Popular y Solidaria, la Comisión de Régimen Económico recibió a Hugo Jácome, titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).  

Durante la reunión, el superintendente manifestó que en los últimos cuatro años ha habido progreso en el fortalecimiento del sector. Para avanzar en su consolidación propuso facilitar la confluencia de las instituciones financieras y no financieras de la economía popular y solidaria (EPS), mediante mayores opciones de integración de redes, uniones y federaciones.

Destacó que para la unificación y fortalecimiento del área a la que pertenezca cada cooperativa o asociación de la EPS se requiere articular políticas desde las instituciones que tienen que ver con el sector. Jácome sugirió que este podría articularse bajo la institucionalidad de lo económico-productivo dado que su actividad tiene una lógica más productiva que social.

“Un cambio en ese sentido, en términos del diseño de la política y la rectoría, ayudaría a que las organizaciones de la economía popular y solidaria, con un registro apropiado para ello, puedan tener un apoyo e incentivo por parte del Estado de una manera mucho más adecuada”, justificó el funcionario.

Actualmente, la SEPS supervisa a 8.874 organizaciones de la economía popular y solidaria en todo el país. Jácome destacó que el sector cooperativo de ahorro y crédito juega un papel importante dentro del sistema financiero dado que concentra unos $ 8.800 millones en activos hasta diciembre de 2015.

“Es un sector que comparado con la banca privada representa cerca del 25% del crédito que se da en la economía ecuatoriana”, aseguró.

A su vez planteó agregar en la norma un texto que disponga la devolución de bienes donados por el Estado a las organizaciones de la EPS cuando estas se disuelvan, para que no exista apropiación indebida de los recursos del Fisco. (I)