¿Se venderán los activos públicos a precio de huevo?

La política ecuatoriana propicia una ‘hermenéutica de la sospecha’... pero no en el sentido epistemológico del término. Simplemente, durante un año electoral, aquella incentiva a una extensión rudimentaria del ‘piensa mal y acertarás’. Si bien podría fortalecer una actitud colectiva más crítica, esa hermenéutica podría fomentar también otros rasgos del oficio político que son funcionales a la reproducción de las relaciones de poder tradicionales. Entre ellos se encuentra la banalización de la política económica.

¿Cuánto valen los activos públicos? ¿Unos $ 40.000 millones? ¿La suma de los registros que aparecen en la contabilidad de las rendiciones de cuentas de las empresas? Sea cual fuese la cifra, estará inmersa en una contienda política en la cual no faltará quien sostenga que la venta afectó a los intereses de la nación o a las futuras generaciones. Tampoco faltará quien argumente lo contrario. Y, como efecto simbólico perverso, la sospecha seguirá imbuyendo la forma de entender y practicar la política económica.

Por eso, para evitar o paliar suspicacias, el Gobierno Nacional debería explicitar, lo más pronto posible, cómo serán valorados los activos a ser vendidos. Mientras tanto, convienen unas breves acotaciones.  

Ni en el ámbito público ni en el ámbito privado la valoración de activos es una tarea que pueda resolverse con sencillez. De manera inevitable, en cualquier transacción existe una asimetría de información entre el vendedor y el comprador que no depende de la ética de las partes. Incluso cuando existe ‘buena fe’, el vendedor solo puede informar sobre las características y rendimientos del activo bajo las condiciones imperantes en cierto momento. De ahí que cualquier valoración podría no satisfacer a todos.

En razón de lo anterior, solo de manera provisional y aproximada, se torna admisible utilizar las cifras colocadas en los registros contables como reflejos fehacientes de lo que podría valer una empresa en las operaciones de mercado. En el proceso de negociación, los agentes económicos no solo toman en cuenta ese valor contable, sino otros factores más. Si no fuese así, los regateos no existirían y el comprador se limitaría a pagar el precio fijado en esa etiqueta llamada ‘activos’.

Aunque existen varias metodologías estandarizadas, las valoraciones comparten algunas premisas. La más obvia refiere al hecho de que la valoración de un bien varía según se consideren sus precios históricos, actuales o futuros. De esta distinción dependen las estimaciones que el eventual comprador podría hacer cuando intenta avizorar si una empresa le resultará un buen negocio, pues, al adquirirla, aquel adquirirá también deudas por pagar. Por eso, incluso cuando no hay mayor riesgo moral, el valor final podría ser mucho menor al esperado. (O)