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La Contraloría General del Estado socializó en Guayaquil el nuevo procedimiento para un mejor control de recursos públicos.

Proceso para declaraciones regirá desde enero

Johanna Cedeño, presidenta del CPCCS de la Asamblea Nacional.
Johanna Cedeño, presidenta del CPCCS de la Asamblea Nacional.
Foto: El Telégrafo
25 de octubre de 2016 - 00:00 - Redacción Economía

La socialización del nuevo procedimiento para la presentación de declaraciones juramentadas de bienes para funcionarios públicos se realizó ayer en las instalaciones de la Contraloría General del Estado (CGE) ubicadas en Guayaquil.

La normativa entrará en vigencia a partir de enero de 2017 y se podrá acceder a esta herramienta a través de una plataforma virtual en la página de la institución.

Esta ley contribuirá a la transparencia y permitirá hacer un cambio profundo en el país, ya que serán públicas todas las declaraciones de funcionarios del Estado y personas que, a través de instituciones, manejan recursos estatales, destacó el contralor del Estado, Carlos Pólit, quien lideró el evento.

En el país existen cerca de 500 mil funcionarios públicos y personas que, entre 2007 y 2016, han presentado más de 3’500.000 declaraciones, según registros de la Contraloría.

Al acto también asistieron las asambleístas Johanna Cedeño y Mónica Brito, presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional; además de Byron Valle, de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Ellos integran el equipo que tramitó la ley.

La asambleísta Cedeño dijo que la nueva ley contribuye al Pacto Ético y recordó que esta dispone la declaración de bienes y recursos personales dentro y fuera del país, además de los que están a nombre de la pareja e hijos menores. (I)

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La medida ahorrará tiempo

El trámite ya no se realizará en una Notaría

Carlos Pólit, contralor general del Estado, señaló que el nuevo procedimiento para la presentación de las declaraciones juramentadas de bienes permitirá detectar posibles delitos como perjurio, testaferrismo o enriquecimiento ilícito.

Dijo que el proceso también será socializado en Quito y que personal de la institución estará capacitado para orientar sobre la normativa a los funcionarios. Con este nuevo sistema ya no será necesario hacer el trámite en una notaría. (I)

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