El sábado, durante el enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa mostró por primera vez la propuesta de Ley Orgánica de Incentivos Fiscales para Proyectos Públicos, iniciativa que facilitará las alianzas público-privadas.

“Hay cosas que las puede hacer la empresa privada en lugar del Estado”, dijo Correa, refiriéndose a obras de interés público, como carreteras, para las cuales podría aplicarse la figura de la concesión privada. De forma preliminar, el Mandatario indicó que entre los incentivos se encuentran exenciones para el pago del Impuesto a la Renta (IR) durante 10 años para el proyecto a ejecutar, y también del Impuesto a la Salida de Capitales (ISC), para los dividendos de créditos al exterior, entre otros (ver infografía).

Si bien la figura de los incentivos tributarios se contempla en el Código de la Producción para las inversiones nuevas y las productivas, Correa señaló que era necesario contar con una ley puntual para normar las alianzas entre el Estado y la empresa privada.

Para Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), el concepto expresado por el Presidente es “bueno”, pues, a su criterio, aunque el Estado sea el causante de una obra pública, no tiene por qué ser el que desembolse su costo total.

De hecho, agregó, si el Gobierno hubiera acudido a esta posibilidad antes, no habría tenido que asignar los recursos de los últimos años. En estos 8 años se intervinieron 9.706 kilómetros de red vial con una inversión superior a  $ 7.712 millones.

Por ahora, los empresarios esperan conocer los detalles de la ley y las condiciones en que se concretarán dichas alianzas. Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, señaló que lo importante es que el marco legal “esté seguro para que todos tengan la certeza de que podrán recuperar sus inversiones”.

Con esta visión coincidió el titular de la CIG, para quien los capitales van a donde “encuentren estabilidad y un buen clima” empresarial.

Recordó que durante la reunión mantenida con el presidente Correa en Quito, a comienzos de año, uno de los principales pedidos fue una pausa normativa, algo que, a su criterio, no se cumplió, pues posteriormente llegaron los proyectos de reforma a las leyes de Herencia y Plusvalía, actualmente retiradas de la Asamblea.

Alarcón recuerda los cambios normativos tributarios, así como laborales, ambientales y de requerimientos en temas de etiquetado. Existen dudas entre los empresarios todavía, por ejemplo la posición que tendrá la empresa privada en la ejecución de las obras de interés público, como escuelas u hospitales.

“No me queda claro si es que yo mañana construyo una escuela, lo que estoy haciendo es prestarle dinero al Estado para hacerla, y habría que considerar que se trata de una unidad no lucrativa, como una carretera, a la cual yo puedo cargarle un valor como un peaje”, señaló Pita.  En tal sentido, ambos empresarios recordaron que varios servicios pueden ser manejados de forma privada. “Claro, con ciertas condiciones de control”, agregó.

Entre los objetivos del proyecto, que sería enviado con el carácter de económico urgente en una o 2 semanas, están atraer la inversión nacional y extranjera en la implementación de proyectos públicos prioritarios, entre otros. Héctor Núñez, gerente comercial de Novacero, señaló que cualquier iniciativa para promover la productividad es bien recibida por el sector industrial. (I).

Los contratos de inversión suman $ 4.800 millones

Los contratos de inversión son herramientas que ha venido utilizando el gobierno de Rafael Correa, para estimular la producción y la inversión, a través de incentivos fiscales.

Según informó la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, desde 2013 se han firmado $ 4.800 millones en contratos con 36 empresas de distintos sectores, como los de fabricación de cemento, de metalmecánica,  de alimentos frescos, congelados e industrializados, entre otros.

“Hemos batido un récord en el sector productivo, en el sector no petrolero de la economía”, señaló Cely a finales de julio, cuando se firmaron 6 nuevos contratos por $ 90 millones. “Los contratos firmados son por $ 1.948 millones desde enero, de los cuales $ 1.200 millones corresponden al sector petrolero y $ 748,8 millones al no petrolero”, destacó.

Estos contratos contemplan los incentivos del Código de la Producción, cuyo propósito es fomentar nuevas inversiones.

Según se explica en la página web del Ministerio Coordinador de la Producción, podrán solicitar esta herramienta aquellos inversionistas cuyo proyecto contemple un monto mínimo de $ 250.000 el primer año y que la propuesta total sea a partir de $ 1’000.000. (I)