El proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios, que busca mejorar el desempeño en sus actividades de distintos agentes económicos, fue remitido al Ejecutivo este lunes por la Asamblea Nacional.

El presidente de la República, Rafael Correa, deberá sancionar u objetar la normativa, de conformidad con lo que determina la Constitución.

El viernes 2 de septiembre, la Asamblea aprobó esta ley con dos elementos nuevos a lo contenido en el informe para segundo debate.

Los cambios más destacados que fueron adoptados extienden la cobertura de dos de los incentivos incluidos en la norma, para favorecer a más sectores. Otras propuestas acogidas corrigen ciertas palabras para mejorar la interpretación de la ley, sin alterar su esencia.

La Asamblea aprobó que "las instituciones de la red pública integral de salud podrán reconocer los gastos que sus afiliados o usuarios deban pagar por concepto de excedente no cubierto (deducible) por las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada o de seguros".

Esto emergió del incentivo creado para que las sociedades tengan una deducción adicional, en su declaración del impuesto a la renta, por los gastos de seguros privados o de medicina prepagada contratados a favor de sus colaboradores.

Las micro o pequeñas empresas recibirán una deducción del 100%, en tanto a las medianas o grandes empresas podrá deducírseles hasta el 50% de aquellos gastos. Existen dos condiciones para su aplicación en cualquiera de los dos casos: que la cobertura sea para todos los trabajadores y que se contrate con empresas domiciliadas en el país.

Entre otros aspectos, la normativa establece que el Impuesto Único para el sector agropecuario, pesquero o acuacultor podrá fijarse en un rango del 1% y el 2% de los ingresos totales. Los contribuyentes que se encuentran en Régimen Impositivo Simplificado (RISE) podrán mantenerse en el mismo.

En lo que tiene que ver con el sector transporte, se extiende un incentivo para los transportistas pesados y sus acoples, a los que también se les quita el valor de sus vehículos en el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta. (I)