Entre el 9 y el 24 de noviembre las autoridades económicas, bancarias y financieras del país adoptaron una serie de medidas relacionadas con el sistema financiero y bancario.

Las medidas -expedidas a través de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera- establecen algunos cambios importantes, especialmente: I) en el fondo de liquidez (FL) que es alimentado por la banca privada; II) el destino de una parte de esos recursos; III) las modificaciones del coeficiente de liquidez, y IV) el reajuste de costos de varios servicios que ofrece actualmente el sistema bancario a sus clientes, etc.

La resolución 298 de la Junta de Política Monetaria, fechada el 9 de noviembre, establece una serie de “normas generales para el otorgamiento de préstamos entre fideicomisos del fondo de liquidez”. Entre esas normas se destaca una: podrá prestarse hasta el 20% del fondo de liquidez a otras entidades financieras o crediticias (cooperativas), a plazos no mayores de 180 días. El costo de esos créditos lo fijará la tasa de interés activa referencial que establece el Banco Central.

A fines de septiembre pasado, el FL bordeó los $ 2.360 millones, por lo tanto, los recursos que se liberan para colocarlos a través de nuevos créditos a otras entidades financieras, bordean los $ 471 millones. Esos recursos generarán mayor liquidez al sistema en su conjunto.

Posteriormente, mediante Resolución 303, del pasado 24 de noviembre, el órgano rector de la política monetaria modificó también los parámetros para calcular el denominado coeficiente de liquidez doméstica (interna).

En esencia, esa reforma dejó por fuera al fondo de liquidez, administrado actualmente por la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede). Esos recursos están depositados en el exterior. Y con la reforma ya no forman parte de la liquidez doméstica, sino de la externa. En términos prácticos, esto quiere decir que los bancos deberán repatriar al Ecuador un monto aproximado de $ 350 millones para poder cumplir con la nueva disposición de encaje, determinado por las autoridades económicas del Ecuador.

Estas dos resoluciones, en definitiva, modifican algunos parámetros sobre el manejo del fondo de liquidez, sobre el destino de una parte de sus recursos (hasta el 20%) y sobre su composición estructural en sí.

Esta situación ha generado una serie de reacciones entre los principales actores del mercado bancario ecuatoriano y entre algunos analistas afines a esos intereses. En general, los banqueros y sus representantes critican las medidas adoptadas, al considerar que el país está en etapa recesiva y los créditos se han estancado. También sostienen que las medidas adoptadas son inapropiadas e inoportunas, aduciendo que el gobierno presiona por más liquidez, a costa de los recursos que administra la banca.

Tampoco descartan que detrás de las medidas recientes exista la clara intencionalidad del gobierno de disponer de liquidez para cumplir los compromisos financieros que tiene hacia el final del año. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no se habían pronunciado en detalle sobre estas y otras medidas que inciden en el mercado financiero y bancario del país.

Los costos de algunos servicios bancarios se ajustan a la bajaLa Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, aparte de las medidas ya señaladas, expidió otras resoluciones que tienen que ver con la reducción de costos de los múltiples servicios bancarios y financieros que el sistema nacional ofrece a sus clientes.

La Resolución 290 del 19 de octubre incluyó la reducción de tarifas de 12 servicios bancarios, entre ellos, la emisión y cobro de cheques, de referencias bancarias, etc.

Luego, con la expedición de la Resolución 305, del 24 de noviembre, las tarifas volvieron a ajustarse hacia la baja, en beneficio de los clientes de los bancos, entidades financieras y cooperativas del país.

Entre los costos de los servicios que se bajaron consta: los cobros sobre la emisión, renovación y reposición de tarjetas de crédito y de débito, emisión de estados de cuenta, entre otros rubros.

En su momento, el Presidente de la República, en referencia a esta serie de cambios, comentó que “hemos hecho estos ajustes para que (los bancos) traigan la platita que tienen afuera; para que reduzcan los costos de los servicios. (...) Ahora ajustamos a los bancos para ayudar al pueblo ecuatoriano”.

Estas medidas, según Correa, son diametralmente diferentes a las adoptadas en la crisis financiera y bancaria de 1999, “cuando se decretó el congelamiento de depósitos para ayudar a los bancos”. (I)