Quito y Guayaquil.-

El 1 de febrero de este año vencerá el plazo de las empresas eléctricas que aún funcionan como sociedades anónimas para notificar al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) su valor nominal en libros de las acciones y aportes para futura capitalización, a fin de que en 6 meses sean adquiridas y se consolide el paquete accionario a favor del Estado.

Así lo establece la disposición décima segunda de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que está en vigencia luego de que fue publicada en el Registro Oficial N° 418, el 16 de enero de este año.

Según la ley, este es el primer paso que deberá cumplir el MEER previo a consolidar a su favor el paquete accionario de las empresas y que se constituyan como públicas. Esta consolidación se cumplirá en 360 días. “Una vez consolidada la totalidad del paquete accionario a favor del MEER, estas empresas se disolverán sin liquidación y se transformarán en públicas”, señala la disposición.

Las empresas que están consideradas en el mandato constituyente 15, en la disposición transitoria tercera, primer inciso de la ley, son las eléctricas Quito, Azogues, Ambato, Centro Sur, Cotopaxi, Norte, Riobamba, Sur.

En la página web del MEER, hasta noviembre de 2014 también constan la eléctrica Galápagos y Elecaustro (Ver infografía). En Ecuador funcionan 20 empresas eléctricas de distribución.

El MEER solicitará al Ministerio de Finanzas los recursos económicos que provienen del Presupuesto General del Estado (PGE), con el objetivo de adquirir las acciones y aportes para futura capitalización que mantengan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), accionistas privados al valor nominal que consta en libros.

A $ 256’529.716 llega el capital social y aportes para futura capitalización de los gobiernos seccionales y las cámaras, según  la página del MEER.

Sin embargo, la norma determina que el Ministerio de Electricidad podrá pagar las acciones y aportes en futuras capitalizaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la ejecución de obras de infraestructura en sus respectivas circunscripciones.

Además, que la cancelación a los accionistas de las empresas eléctricas deberá “prioritariamente” incluir el mecanismo de compensación por las deudas pendientes que mantengan con el Estado y/o por los aportes gubernamentales a obras de infraestructura que ejecutan o ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, el pago a los accionistas de las empresas eléctricas se hará a través de los mecanismos o instrumentos que defina el Ministerio de Finanzas.

Para Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, lo que se hace es solamente un fenómeno de regularización, ya que las empresas eléctricas tenían un gran componente estatal en su capital accionario, en donde la única excepción fue la Eléctrica de Guayaquil, que era  privada y que fue absorbida por el Estado en 2009.

“El resto de las empresas, sin excepción, tiene componentes gubernamentales, de donde en promedio el aporte del Estado por medio del Fondo Rural Urbano Marginal (Ferum) alcanzaba entre el 80% y 90%. En la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), el aporte del Municipio llega de 22% a 23%, pero es el único caso”, indicó.

Mosquera explicó que el problema es que en la Ley de Modernización del Estado de 1998 se decía que eran sociedades anónimas para que se proceda con la privatización, “pero como nunca se privatizaron el único gran dueño era el Fondo de Solidaridad y algunas alcaldías de algunos cantones”.

“No es que el Estado le quita las cosas a alguien, eso no es cierto”, aseveró Mosquera, quien no quiso dar una cifra de cuánto le representaría al Estado la compra de las acciones de las empresas eléctricas; sin embargo, dependerá de en cuánto se las valore.

Consideró que las acciones de la EEQ sí serían costosas porque es una empresa que ha dado buenos resultados económicos, al igual que la Centro Norte o la de Ambato. “Esto habrá que valorar porque pueden haber alcaldes que pidan que se les pague el costo actual de las acciones”, subrayó.