Los ‘papeles de Panamá’ evidenciaron la necesidad del monitoreo de las operaciones financieras transnacionales de las personas y empresas. Hugo Jácome, presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), analiza los logros y retos de los actuales diseños institucionales ecuatorianos a través de los cuales se busca construir una nueva ética social.

En el país, ¿tenemos condiciones para enfrentar a la economía paralela facilitada por la existencia de paraísos fiscales?

Ecuador ha logrado avanzar mucho en la conformación de políticas, normas e instituciones para desincentivar la evasión tributaria y el lavado de dinero. Con los datos disponibles sobre 87 jurisdicciones con tratamientos tributarios diferenciados, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueden efectuar investigaciones que vayan más allá de los nombres develados. Las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social trabajamos, precisamente, en el desarrollo de esas investigaciones. No obstante, a escala internacional, los periodistas deberían facilitar detalles de toda la información sobre los documentos de Panamá.

A nivel doméstico, ¿cómo avanza la lucha contra la corrupción?

La Constitución de 2008 permitió mejores mecanismos para involucrar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Como país, necesitamos seguir trabajando hasta que las prácticas sociales cotidianas se apropien a plenitud de valores relacionados con honestidad, justicia, respeto, solidaridad y responsabilidad.

Nuestro objetivo como Función de Transparencia es potenciar una cultura cívica. Ecuador necesita impulsar un pacto privado por la ética económica. Si la ciudadanía no incorpora esos valores a su vida cotidiana, el resultado de cualquier modificación normativa siempre será limitado. En todo acto de corrupción, igual responsabilidad tiene quien acepta la coima como quien la da.

En la disolución de las prácticas éticamente inadecuadas, ¿qué le corresponde hacer al Estado?

Fortalecerse para afrontar las siempre cambiantes formas de corrupción. Las instituciones públicas ecuatorianas deben aprovechar su acervo de buenas prácticas alcanzadas hasta el momento y estimularlas para inducir nuevos canales sociales de participación y control ético.

Esas buenas prácticas públicas, ¿están fomentándose?

Se ha fortalecido a las entidades de control existentes antes de la Constitución de 2008, como son la Contraloría General de Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias de Bancos, de Compañías y Seguros. Se han creado otros ámbitos de control que antes ni se mencionaban y en los que los derechos de las personas se veían vulnerados.

El fortalecimiento del sistema judicial, el alcance del SRI, entre otros, constituyen una ruptura con el statu quo de un país aletargado por la corrupción. Son avances y transformaciones significativas que contribuyen en la edificación de una sociedad más transparente.

¿Podría ilustrar cómo esa visión normativa genera cambios?

En el pasado, la escasa participación ciudadana y la débil presencia estatal afectaron la confianza social. Durante décadas, esto implicó obstáculos para la consolidación de la democracia, uno de los cuales fue la cooptación del Estado por poderes económicos fácticos. Estos fomentaron la discrecionalidad en el cobro de impuestos, la gestión de aduanas, los permisos de exportación e importación o el manejo de recursos naturales. Ahora, el Estado no responde a esa dinámica.

Para lograr la desvinculación entre el poder económico y el poder político, ¿se requería crear una nueva función pública?

La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) abarca a varias instituciones que responden a necesidades específicas en un proceso de desarrollo a largo plazo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) está encargada del control de organizaciones cooperativas, comunitarias y asociativas. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) trabaja para contrarrestar las prácticas de abuso de poder económico por parte de las empresas.

La Superintendencia de la Información y Comunicación hace que se cumpla el derecho a la comunicación y a la información. Y el Consejo de Participación Ciudadana tiene a su cargo generar espacios reales de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.

Además, la FTCS incluye también a Contraloría, a la Defensoría del Pueblo y a las superintendencias de Bancos, de Compañías y Seguros, instituciones históricas cuyas funciones son bien conocidas por todos.

Con esa gama de instituciones y objetivos, ¿qué se ha logrado?

La apertura de canales para que la ciudadanía tenga información y canalice denuncias; el seguimiento a cientos de denuncias; la creación de mecanismos de protección de denunciantes y el seguimiento al debido proceso. Si bien estamos inmersos en el ambiente de un año electoral, no debemos perder la objetividad. Ahora, en Ecuador, existe mayor acceso a la información y al control público. Y esto ha sido impulsado por el propio Estado en su proceso de transformación. Por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), exige rendir cuentas y publicar mucha información. A diferencia de antaño, la ciudadanía sí puede hoy acceder a datos sobre sueldos o número de servidores existentes en cualquier institución pública.

En su ámbito de competencia, ¿se pueden cuantificar esos logros?

Por supuesto. En 2015, las instituciones públicas atendieron 52.343 solicitudes de acceso a información pública y respondieron a esos pedidos en un lapso promedio de 7 días. Además, el 90% de instituciones públicas presentó su informe anual de acceso a la información.

Entre 2013 y 2015, las entidades de la Función de Transparencia y Control Social gestionaron 82.620 trámites relacionados con denuncias, quejas, reclamos y atenciones. También, se ejecutaron más de 47 mil acciones de control y supervisión, se aplicaron 14.243 sanciones administrativas y civiles, se remitieron 673 casos a la Fiscalía y se implementaron 828 normas para mejorar el control.

Entre 2013 y 2015, aumentó del 28% al 86% el cumplimiento oportuno en la presentación de informes de rendición de cuentas por parte de las diferentes entidades estatales, incluyendo a los gobiernos autónomos descentralizados. En la Función de Transparencia y Control Social no hemos tolerado la impunidad.

En el corto plazo, ¿qué plantea hacer desde su Función?

Estamos trabajando una propuesta para un pacto público-privado por la transparencia y, también, diseñando una campaña nacional de ética social en la cual el sector público, el empresariado, las universidades y los medios de comunicación estarán involucrados. A su vez, las instituciones de la Función actuaremos en coordinación para dar seguimiento al Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013-2017. (I)