La Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del pleno, resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta por Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas internas (SRI), en contra de la sentencia del 18 de julio y auto del 12 del septiembre de 2013, interpuesta por la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) dictados por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.

El organismo de interpretación constitucional en un comunicado manifiesta que "al advertirse violación de derechos constitucionales en contra del SRI, corresponde declarar tal vulneración, en estricta sujeción a las normas contenidas, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales".

La entidad tributario interpuso la acción de protección al considerar que el fallo emitido causaba una pérdida de 17,7 millones de dólares por el no cobro de impuestos a la OCP y existía el riesgo potencial de un pérdida que alcanzaría unos 250 millones de dólares por otros juicios que mantiene con la misma empresa.

La medida de la Corte Constitucional señala, además, que los conjueces de la Sala Especializada de lo Constencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia deberá expedir una nueva sentencia en el litigio entre el SRI y OCP.