Una resolución del Comité de Comercio Exterior (Comex) que exige a más de 300 subpartidas de importación arribar al país con un certificado de conformidad INEN, preocupa al sector privado.

Se considera que la exigencia duplicará los costos de importación, que se trasladarán al precio final.

“Creo que la decisión no ha sido bien socializada”, consideró Lenín Parra, propietario de Dipaso, distribuidora de cosméticos local, en donde el 75% de la mercadería que se comercializa es extranjera.

Para el importador, no se han tomado en cuenta los alcances que pueda generar la decisión.

Según explicó, por una certificación de compañías verificadoras extranjeras, hechas por lote y por ítem de importación, se paga alrededor de $ 4.500. Y a eso se suman los costos arancelarios.

El viernes el titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Eduardo Peña, dijo que la decisión, incluso, estimularía el contrabando.

Mostró además preocupación porque que la mercadería que está en tránsito desde antes de la vigencia de la norma, no logre ingresar al país, pues llegará sin el requisito.
Sin embargo, extraoficialmente se dijo que los embarques hechos antes del 3 de diciembre se desaduanizarían con normalidad.

Hasta el momento -mencionó Parra- entendemos que la resolución del Comex tiene como objetivo lograr un equilibrio en la balanza comercial, “pero creo que no es la manera”.

“Hubiera sido preferible establecer cupos y ayudar al país, si al dejar de importar 1.000 productos, al menos se empiecen a fabricar 10; pero el país no está listo”, dijo.

Parra añadió que se debe considerar que detrás de las empresas importadoras hay cientos de miles de trabajadores.