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Los gremios de arquitectos y constructores dicen que la norma afecta a las inversiones

Municipios reconocen que proyecto legal abaratará los precios de los terrenos

Silverio Durán (c), presidente de la Cámara de la Construcción, junto al asambleísta Richard Calderón (d).
Silverio Durán (c), presidente de la Cámara de la Construcción, junto al asambleísta Richard Calderón (d).
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo
10 de diciembre de 2016 - 00:00 - Redacción Economía

Quito y Guayaquil.-

Mientras que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, arremete contra el proyecto de ‘Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras’ (Loevt), diciendo que atenta a la prosperidad de las familias, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Daniel Avecilla, lo califica como beneficioso para los ciudadanos.    

Avecilla coincidió en que la norma evitará la especulación de la tierra y permitirá que más familias tengan acceso a una vivienda propia, “porque los terrenos van a estar más baratos”, dijo, haciéndose eco de las expresiones del presidente de la República, Rafael Correa, durante una entrevista televisiva efectuada ayer en el cantón Milagro (Guayas).

El Jefe de Estado desmintió las opiniones vertidas por actores de la oposición y señaló que “están defendiendo sus espacios de poder”.  

Se refirió a Jaime Nebot y Cynthia Viteri -candidata presidencial por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero (PSC-MG)-, quienes en medios de comunicación y reuniones con el gremio de la construcción aseguraron que la ley afectará a todos los ecuatorianos.

A manera de ejemplo, los socialcristianos indicaron que “una persona compra una casa en $ 40.000 y si la vende 4 años después a $ 80.000 tendrá que tributar un poco más de $ 13.000”. Frente a esas afirmaciones, Correa  preguntó: “¿quién de ustedes tiene la fortuna de comprar una casa de $ 40.000 y venderla después de 4 años a $80.000, es decir, al doble?”. El Mandatario argumentó que, usualmente, las familias se endeudan de 12 a 15 años para adquirir una casa. El 40% de las familias, dijo, no tienen casa propia. La propuesta “protege a los compradores”.

“De vender esa casa de $ 40.000 a $ 62.000, después de 4 años, habrá una ganancia de $22.000 y no pagará impuestos con nuestra propuesta”, señaló. El gobernante enfatizó que ganar el 100% en 4 años “es especulación”. Además, acotó, la normativa previene que ocurra una ‘burbuja inmobiliaria’, como sucedió en Estados Unidos y España.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, manifestó que la ley afecta “solamente a los especuladores”. Agregó que la obligación del Gobierno Nacional es generar condiciones para que más ciudadanos posean una vivienda.

La AME planteó tres propuestas para el contenido de la ley

A propósito del análisis del proyecto de ley -a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos-, Ángel Torres, quien representó a los 221 cantones que conforman la Asociación de Municipalidades, expuso tres planteamientos para el debate.

El primero es ampliar la base imponible para el cálculo del impuesto correspondiente a la ganancia extraordinaria. La norma fija 8 salarios básicos unificados (SBU), es decir $ 8.784 -tomando como referencia la remuneración actual de $ 366-. La sugerencia es que sean 100 SBU ($ 36.600). Los otros dos puntos son que el tributo sea cobrado cuando las obras del Estado influyan directamente sobre la plusvalía de un bien inmueble; y la eliminación de la facultad que se le otorga a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de destituir de los cargos a las autoridades competentes que no actualicen los catastros de los predios.

El asambleísta Fausto Terán (AP) consultó al delegado de la AME si se oponen a que la tasa sea del 75%, a lo cual Torres respondió que no tenían observaciones, porque ven beneficioso que los recursos estén destinados para agua potable y alcantarillado.

La Cámara de Construcción pide elaborar un nuevo proyecto

A la Comisión de Gobiernos Autónomos asistieron también Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), y Alberto Andino, vocero del Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE), quienes aseguraron que la propuesta llega en un mal momento para la industria inmobiliaria y ahuyenta a la inversión. Ambos pidieron el archivo del proyecto.

Durán propuso además que, en lugar de esa propuesta, se analice una nueva y se comprometió a participar en su elaboración. Aseguró que el momento económico del país “no es el más adecuado para más impuestos”.

Andino, por su parte, reclamó que si se trata de luchar contra la especulación, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)  existen 20 instrumentos para controlar esa actividad. Así mismo dijo que el Código ya fija lineamientos para que los municipios mantengan actualizados sus catastros. (I)

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