Hasta el 15 de abril las empresas privadas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad tienen plazo para pagar las utilidades a sus empleados, tal como lo establece el Art. 97 del Código de Trabajo vigente en Ecuador. El monto de las ganancias que debe distribuirse para el personal es del 15%, dividido en 10% para el empleado y 5% por cargas familiares.

El ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, durante un encuentro con líderes sindicales ayer en Guayaquil, recordó la obligatoriedad del pago de este derecho, pues la ley contempla sanciones contra los contribuyentes que lo incumplan.

La sanción puede ser de hasta el duplo del valor que debió cancelarse. También existe una multa para aquellas empresas que no registran el pago en el sistema del Ministerio durante mayo y junio, para efectos de control. “Pero yo confío en la responsabilidad de la mayor parte de contribuyentes”, apuntó Carrasco.

En caso de que un empleado no esté conforme con las utilidades recibidas, la ley ecuatoriana lo faculta a solicitar al Ministerio una revisión basada en las ganancias reportadas por las empresas al Servicio de Rentas Internas (SRI).

En cuanto a procesos generados por utilidades impagas, el viceministro de esa cartera de Estado, Manolo Rodas, recordó que el año pasado se logró que la telefónica Claro cancele las utilidades pendientes de entre 2003 y 2006 a sus empleados y exempleados. La cancelación de este beneficio no se hizo debido a que la multinacional no declaró la totalidad de sus ganancias al organismo de control.

Carrasco puntualizó que se efectuaron 13 auditorías a la telefónica y fruto de este proceso se estableció que debían pagar más de $ 200 millones. “Debo reconocer que Claro pagó hasta el último centavo no solo al SRIsino también a sus colaboradores y excolaboradores”, expresó.

En Ecuador el año pasado se consignaron aproximadamente $ 1.200 millones para un promedio de millón y medio de trabajadores, mencionó el viceministro, y la similitud de la cifra en 2015 dependería del desempeño económico del país.

De acuerdo con el último ranking  empresarial de la Superintendencia de Compañías y Valores (SCV), las 20 mayores empresas del país tienen utilidades por $ 1.210 millones.

Reformas a las utilidades

Dentro de las reformas planteadas por el Gobierno para el Código de Trabajo -vigente en Ecuador hace más de 70 años- está la de un techo de $ 8.160 (que representan 24 salarios básicos unificados) para las utilidades que se entreguen a los empleados del país. Esta propuesta tendría su mayor impacto en las empresas telefónicas como Claro y Movistar, que son las que concentran los montos más elevados.

Las autoridades han defendido la reforma argumentando que el excedente se transferirá a un fondo ‘solidario’ para el aseguramiento de amas de casa y trabajadores autónomos.

Tras el anuncio, que generó reacciones entre los empleados de las telefónicas, la cartera de Estado aclaró que solamente 16.870 trabajadores percibieron utilidades mayores a  8.000 dólares, esto es el 0,24% de la población económicamente activa del país.

El presidente Rafael Correa dijo que  la propuesta está dirigida a terminar con las inequidades dentro de la clase trabajadora.

Aunque de momento la reforma se encuentra en la Asamblea, los representantes de los empleados de las telefónicas insisten en que el Gobierno dé vuelta atrás. Juan Carlos Oleas, vocero de Movistar, reiteró que este proyecto es inconstitucional, pues los derechos de los trabajadores son progresivos e irrenunciables, y lo que haría la reforma es perjudicar a los empleados y sus familias.

En el caso de Movistar, la utilidad promedio es de $ 10.000 más $ 3.000 por carga familiar, para un promedio de 2.000 trabajadores directos, incluidos los de servicios complementarios. (I)

Carrasco pide que marcha no se base en ‘engaños’

Ayer en el auditorio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, se reunió con un grupo de dirigentes sindicales y con miembros de la Central Unitaria de Trabajadores y la Central de Trabajadores Autónomos del Ecuador.

En el taller se abordaron temas como el rol histórico de las organizaciones sociales.

Carrasco señaló que dentro de las reformas planteadas al Código de Trabajo se garantiza el derecho al sindicalismo y se protege la estabilidad laboral de los dirigentes, aunque aclaró que el Gobierno defiende a ultranza el sindicalismo “responsable”, y que siempre las causales para un visto bueno estarán allí.

Acerca de la manifestación que sectores no afines al gobierno preparan para el 1 de mayo, apuntó que la libertad de expresión está garantizada, pero que no se permitirá que la marcha sea violenta o se sustente en “engaños y mentiras”. (I)