A la espera de que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional el proyecto de ley urgente con el programa económico, las medidas han dividido los criterios de grupos empresariales, mientras las autoridades defienden sus decisiones argumentando que se procura fortalecer a los segmentos productivos que generan mayor empleo.

Ayer se esperaba que el texto llegue al Legislativo, como lo anunció esta semana el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Sin embargo, al cierre de esta edición, esto no ocurrió.

Incrementar aranceles a sus techos máximos permitidos y crear  una tasa de control aduanero de $ 0,10 para combatir el contrabando, son dos de las propuestas que más han confrontado a los involucrados.

Actores como la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), el Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE), y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (Fncce), advierten inconsistencias legales, riesgos comerciales y pérdida de fuentes de trabajo con la implementación de ambas medidas.

Consideran que se vulnerarían compromisos y acuerdos internacionales como el que Ecuador mantiene con la Unión Europea.

Por otro lado, el Comité Productor Ecuatoriano (conformado por cámaras de la pequeña y mediana empresa, artesanos y finanzas populares) apoya el programa económico sugiriendo ampliar a $ 1 millón el techo para el pago del anticipo del impuesto a la renta.

Diego Martínez, delegado del Presidente de la República ante la Junta Monetaria y Financiera, dijo a EL TELÉGRAFO que no se vulneran  los acuerdos comerciales vigentes porque aumentar aranceles es un mecanismo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Tampoco afectará a los bienes de capital o insumos para la producción.

Dentro del programa económico el Gobierno estima obtener ingresos brutos por $ 1.900 millones con un sacrificio fiscal cercano a los $ 300 millones. (Ver infografía)

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, dijo el jueves en una entrevista televisiva, que las decisiones fueron configuradas a efectos de generar empleo, producción y defender la dolarización.

Explicó que la capacidad de importación del país debe ser equilibrada a la medida de sus ventas al exterior y por ello también se dan estímulos a las exportaciones.

La tasa de control aduanero, dijo De la Torre, también está amparada por la OMC y ayudará a hacer un control más efectivo en las aduanas.

El objetivo, dijo Martínez, es tener un instrumento que permita controlar la subvaloración de mercancías y resolver el problema del contrabando. Las autoridades aseguran que el ilícito genera perjuicios anuales por $ 2.000 millones.

Otro tema que contrapone opiniones son las reformas tributarias relativas a las modificaciones del impuesto a la renta (IR), que en el caso de las grandes empresas volverá a la tarifa de 25%, vigente hasta hace siete años.

Obedece, según Martínez, a que esas sociedades tienen mayor capacidad para asumir el incremento (en la actualidad es de 22%).“La perspectiva de un Gobierno de izquierda es que el que más tiene más aporta”, describió Martínez.

Las Cámaras de la producción que lo cuestionan dicen que el tema no se trató en las mesas de diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, afirmación que ha sido desmentida por el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando.

El programa económico tendrá efecto durante toda la gestión del presidente Lenín Moreno. Martínez enfatizó en el compromiso gubernamental de que cualquier reforma a futuro se hará únicamente si es para reducir aspectos impositivos.

El proyecto de ley del programa económico tendrá carácter de urgente. Es decir que debe ser tramitado en 30 días desde su ingreso a la Asamblea. (I)