El fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, mejoró este viernes su imagen de inversor responsable reclamando limitar el salario de los directivos y una transparencia fiscal de las empresas.

En cada empresa, el "consejo de administración debería (...) presentar un límite para la remuneración total" del director general "para el año siguiente", considera el banco central noruego, encargado de gestionar el fondo, en un nuevo "documento de posición".

En un momento en el que aumentan los grandes salarios, esta toma de posición es especialmente importante porque el fondo está presente en el capital de unas 9.000 empresas en todo el mundo, representando un 1,3% de la capitalización global.

Por su peso y por su gestión generalmente considerada ejemplar en materia de transparencia y de ética, el mastodonte escandinavo es a menudo un ejemplo para otros inversores.

A veces tiene efecto. El director general del gigante petrolero británico BP, Bob Dudley, vio disminuir su salario en un 40% en 2016, un año después de un voto de los accionistas contra una subida de su sueldo, unicamente a modo de consulta pero que presentó un fuerte rechazo.

Bajo la presión de la clase política y de los sindicatos, 6 altos dirigentes de Bombardier aceptaron el domingo en Canadá reducir a la mitad el aumento del 50% prometido inicialmente. Volkswagen también decidió el mes pasado limitar los salarios para los miembros de su consejo de administración, una cuestión debatida a menudo en Alemania.

El fondo noruego, que durante mucho tiempo prestó poca atención a esa materia, se implica cada vez más en el gobierno de las empresas de las que es accionista. Por ejemplo, el año pasado votó contra la política de remuneración de los dirigentes de Alphabet (Google), Goldman Sachs, JPMorgan o Sanofi, según el diario británico Financial Times.

"Ya no estamos en posición, en calidad de inversores, de decir que es una cuestión sobre la que no tenemos opinión", declaró al diario británico el jefe del fondo, Yngve Slyngstad, señalando que el principio del "say on pay" -un principio de derecho de las empresas que hace posible a los accionistas votar sobre el salario de los dirigentes- se extendía cada vez en más países.

Un voto del Parlamento en 2015 decidió que el fondo soberano -alimentado por los ingresos petroleros del Estado- no invertiría en las empresas mineras o energéticas en las que el carbón, nefasto para el clima, representara más del 30% de la actividad.

Tampoco tiene derecho a invertir en las compañías culpables de graves violaciones contra los derechos humanos, en aquellas que fabriquen armas nucleares o "especialmente inhumanas" o en las tabacaleras.

En otro documento publicado este viernes, el Banco de Noruega exigió, por su parte, transparencia fiscal a las empresas.

"Los impuestos deberían pagarse ahí donde se genera el valor económico", asegura el organismo, visiblemente opuesto a la optimización fiscal, una estrategia legal que consiste en mover los beneficios hacia países con menor carga impositiva. (I)