Los $ 150 millones que días atrás el Gobierno ofreció pagar en un lapso de máximo 40 días a ex servidores públicos mayores de 70 años y personas con discapacidad —por concepto de compensaciones jubilares pendientes— se desembolsarán totalmente en efectivo.

El dinero ya se encuentra en las arcas fiscales, indicó el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, aunque no precisó de qué organismo provienen los recursos y bajo qué condiciones se efectuó la operación.

Hoy se prevé una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para definir el número exacto de beneficiarios, así como detalles para proceder con los pagos. EL TELÉGRAFO consultó el tema con Finanzas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Las declaraciones de Ledesma se produjeron ayer durante la presentación de una serie de acuerdos ministeriales. Comentó sobre las preocupaciones de asociaciones de jubilados frente al Decreto Ejecutivo 059, del 4 de julio, el cual faculta al Gobierno pagar una parte de las compensaciones con bonos del Estado cuando no existan los recursos suficientes.

“El Decreto regula lo que ya está prevenido en la Losep (Ley Orgánica de Servicio Público). No hay nada nuevo”, dijo Ledesma, en referencia al artículo 129 de la norma.

El viernes pasado, la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador manifestó su rechazo al pago con bonos, reclamando que sea solo en efectivo; mientras que la Federación Nacional de Servidores Públicos lo considera una vía aceptable debido a la situación económica del país.

“Vamos a pagar el 100% en efectivo con los $ 150 millones. Las posibilidades que permite la ley son con respecto a las personas que tienen menos de 70 años”, reiteró el ministro.

Con el resto de jubilados la expectativa es poder afrontar, al menos, un 30% en efectivo y el saldo con bonos. La meta es cubrir el 50% o 60% de las compensaciones con efectivo, pero todo dependerá de las condiciones económicas que se vayan presentando y de la disponibilidad de recursos, explicó.

Si bien las autoridades calculan  que los haberes por incentivos jubilares podrían bordear $ 1.123 millones, de momento están validados procesos por $ 808,8 millones.

La normativa laboral determina que las compensaciones deben contar con planificación presupuestaria. En ese sentido, Ledesma señaló que el Ministerio de Trabajo se encuentra estructurando un instructivo para todas las instituciones públicas para regular el proceso de jubilación.

“Un año antes de que se genere el proceso de pago, debe haber una planificación de cuántos jubilados voy a tener el próximo año para incluirlos en el presupuesto, y de acuerdo con eso, cuando pida la certificación presupuestaria, se tengan  los fondos y no tenga el problema de generar falsas expectativas (a los jubilados”, resumió el ministro.

Alistan nuevo Código Laboral

En 45 días, aproximadamente, la Cartera de Trabajo prevé entregar al presidente de la República, Lenín Moreno, un primer borrador del proyecto de Código Integral Laboral,  anunció Ledesma. Su contenido se formará a través de un diálogo tripartito —Gobierno, empleadores y trabajadores—.

Para ello, indicó el funcionario, se convocará a las mesas sectoriales a todas las organizaciones sociales, centrales sindicales, cámaras de la producción y comercio, y a asociaciones individuales de distintos sectores.

Analogar procesos y unificar al sector público con el privado son los ejes principales del código. Se analizarán las propuestas elaboradas por la Central Única de Trabajadores (CUT), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y el Parlamento Laboral (PL).

Reformas para trabajadores con discapacidad

Una de las reformas implementadas por el Ministerio, como parte de las estrategias de dinamización laboral, beneficia a personas con discapacidad y a estudiantes que realicen pasantías laborales.

Mediante un acuerdo ministerial se incluye la figura de ‘trabajador sustituto por solidaridad’. Con esto todos los trabajadores que tienen discapacidad severa pueden encargar sus puestos a una tercera personas —debidamente registrada— durante el tiempo que se ausente.

De esta manera se establece una solución de doble vía. Por un lado, las personas aseguran su plaza de trabajo, evitando despidos injustificados; por otro, las empresas podrán cumplir con el 4% de trabajadores con discapacidad, del total de su nómina, como establece la Ley Orgánica de Discapacidades.

En cuanto al sistema de pasantías preprofesionales, estas ahora serán por 6 meses. Antes, la norma permitía realizarlas de 3 a 6 meses, a discreción de la compañía. El tiempo ejercido en las prácticas o en servicios a la comunidad, será reconocido como experiencia laboral del estudiante. (I)