El Comité de Anulación, bajo reglas del Ciadi, recibió ayer las alegaciones orales de Ecuador y de la petrolera Burlington Resources Inc., en relación con la petición de esta última de levantar la suspensión de ejecución del laudo final dictado por el Tribunal Arbitral que conoció la demanda de inversiones planteada por la petrolera norteamericana, o en su defecto que el Estado rinda una garantía.  

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que la audiencia se efectuó en Washington, Estados Unidos.

La entidad indicó que dicha suspensión está vigente desde que la anulación del laudo fue solicitada por el Estado ecuatoriano el 13 de febrero de 2017 y en aplicación del Convenio Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).

Ecuador presentó su anulación en virtud de los “graves” errores cometidos por el Tribunal Arbitral al adoptar sus decisiones con manifiesto exceso de poder, violación de las reglas fundamentales del procedimiento, entre otros.

La PGE mencionó que la seriedad de los cargos imputados por Ecuador y sus antecedentes en el cumplimiento de laudos anteriores y, por tanto del respeto a sus obligaciones internacionales, justifican plenamente la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que resulta improcedente que el comité atienda la petición de Burlington.  

El procurador Diego García (foto), quien lidera el equipo de defensa de Ecuador, manifestó que el levantamiento de la suspensión de la ejecución del laudo no se justifica pues aún está pendiente de resolución el recurso de anulación.

Agregó que hay serias posibilidades de que el laudo sea anulado, ya que se demostró que el mismo adolece de una serie de errores que se ajustan a las causales de anulación previstas en el Convenio Ciadi. (I)

En febrero, el Tribunal Arbitral emitió dictamen

El 7 de febrero pasado, el Tribunal Arbitral del Ciadi, que conoció la demanda planteada por Burlington Resources Inc., emitió su laudo final que, atendiendo los argumentos de la defensa de Ecuador, limitó la compensación a la inversionista en el 22% de la pretensión inicial de la petrolera, dado que en su decisión desestimó $ 1.515’603.095 solicitados por la compañía, estableciendo como monto de compensación a la demandante el valor de $ 379’802.267 más intereses. (I)