No somos los primeros

El 3 de febrero de 2006 se publicó en el Registro Oficial la Ley de Fomento del Cine Nacional. Diez años más tarde, la joven directora, Ana Cristina Barragán, compite en Róterdam con su ópera prima (Alba); y están a punto de estrenarse los documentales del exguerrillero Mauricio Samaniego (Alfaro Vive Carajo), de León Felipe Troya (Mi tía Toty), y de la pareja de realizadores indígenas Citlalli Andrango y José Espinosa (Huahua).

¿Habríamos podido llegar a esto sin una ley que ampare el desarrollo del cine ecuatoriano? En poco tiempo veremos la obra de Betty Bastidas, migrante esmeraldeña en los Estados Unidos (Dreamtown), y también la de Sebastián Cordero (Sin muertos no hay carnaval), Mateo Herrera (Chuquiragua), Pablo Arturo Suárez (Tan distintos los dos) y Micaela Rueda (UIO, sácame a pasear). Asimismo, circularán este año Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo; Entre sombras, de Xavier Bustamante, y StrongWinner, de Davis Mero. No puedo mencionar los casi 40 largometrajes nacionales que se están terminando.

¿Estaríamos igual si el Estado ecuatoriano no hubiese invertido de manera sostenida en el fomento de nuestra producción audiovisual? Han sido premiadas películas ecuatorianas en La Habana, Buenos Aires, Toulouse, Biarritz, La Paz, San Sebastián, Santiago, Barcelona, Nueva York, Santo Domingo, Sao Paulo, Guadalajara, Barranquilla, Hamburgo, Chicago y muchos lugares más.

Cintas nacionales han sido estrenadas en Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, España... En pocas semanas los espectadores parisinos podrán ver Sin otoño, sin primavera, en salas. Nada de esto es casualidad. Es trabajo, es talento, es dedicación de los creadores y los productores. Trabajo, talento y dedicación potenciados por unas políticas públicas de fomento al cine que se plasman en la gestión del Consejo Nacional de Cine (CNcine).

En el momento en que se tramita la Ley de Cultura, vale la pena recordar que el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) es el único mecanismo de estímulo a la producción cultural con estas características en el país. La existencia del CNCine y del FFC, tampoco son casualidad: son fruto de décadas de trabajo organizado de los cineastas ecuatorianos. La ley aprobada hace diez años fue la enésima propuesta de los cineastas, la tercera que llegó a instancias legislativas. Una se había discutido bajo el gobierno de Borja y otra bajo el de Sixto. Ninguna fue aprobada porque afectaban intereses de otros sectores “más importantes”. La ley vigente se aprobó despojada de disposiciones que pudieron haberla hecho más contundente. Aun así, esa ley ha sido la base para un desarrollo inimaginable del cine ecuatoriano.

Así como los cineastas ecuatorianos se benefician de una ley que los ampara; cada trabajador de la cultura, y todo ciudadano productor y consumidor de cultura -es decir cada ecuatoriano- verá mejorar su realidad cotidiana con la vigencia de una Ley Orgánica de Cultura.

Una ley bien concebida puede provocar un salto hacia adelante realmente importante, si recoge experiencias que ha vivido el país y las potencia para la ampliación de derechos de creadores, gestores y consumidores. No estamos empezando desde cero. No estamos inventando la gestión cultural desde lo público. No somos los primeros.

Las cosas no llegan por casualidad, ni por capricho, lobby o táctica política. Las cosas llegan cuando son necesarias. Cuando son inevitables. Y llegan empujadas por la ciudadanía organizada, consciente de lo que requiere para avanzar.

Los diez años de vigencia de la Ley de Fomento del Cine Nacional deben ser procesados por la sociedad, el sector cultural y la Asamblea para enriquecer el proyecto de Ley Orgánica de Cultura. (O)