La Ley Orgánica de Cultura sería aprobada hasta el 30 de julio

Mientras se realizaba el ‘Foro abierto por la Ley de Cultura’, una mujer —encinta y con una máscara de Venus de Valdivia— hacía un performance en el hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). La metáfora era evidente: el símbolo es el mismo de las 4 subsecretarías del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) —aparecen en su logo— y el embarazo, la espera por la aprobación de la normativa que reorganice el sector.

El encuentro se dio la noche del martes pasado y convocó a decenas de artistas y gestores culturales, quienes llegaron individualmente y no en gremios. Eso se evidenció en sus manifestaciones. En la mesa central estuvieron Ana Rodríguez (exviceministra de Cultura), Raúl Abad (asambleísta del movimiento Alianza PAIS); Juan Martín Cueva (viceministro de Cultura y Patrimonio), y Paola de la Vega, gestora cultural y miembro del Comité de Actores Culturales, una de las instancias (las otras fueron Arte Actual Flacso, la RED de Espacios Escénicos Independientes y la Red Cultural del Sur) que organizaron este foro.

Rodríguez fue la primera en reconocer que, en torno al proyecto de ley —y otros textos que le antecedieron—, “se han generado varios mitos” y que “ha habido una aparente falta de información y transparencia” en su debate y consulta.

Uno de esos mitos es que la ley “regularía, limitaría o coartaría la creación artística”, dijo la exviceministra. “En ninguna de las versiones de ley o insumos en que hemos trabajado desde el MCyP, y en distintos espacios —como la Asamblea— el articulado ha dejado de ser amable. No se trata de decir qué es ni cómo se debe asumir la creación artística, sino que se ha tratado de establecer las obligaciones que tiene el Estado para crear condiciones adecuadas para la cultura”, añadió.

La interculturalidad, según Rodríguez, se ejercería en lo cotidiano y en las interacciones que el arte genera a través de una institucionalidad que la ley fortalecería. “La promesa de plurinacionalidad y diversidad son producto de años de gestión de actores culturales”, aclaró.

Otro mito al que aludió Rodríguez es que “la cultura no le importe a la administración pública” y que cuando se recortan los presupuestos por escasez de recursos, este sector sea el primer afectado. “Si logramos hacer un articulado y una transitoria de la Constitución que exigía la aprobación de la ley, es el momento de concretar ese proceso, de nosotros depende no volver a dejar que ‘la cultura no importe’ o que se vuelva a decir que es un tema secundario o que no es prioritario ni estratégico. Si vamos a archivar la ley (...), que no sea por los pequeños intereses de ciertos grupos”.

La cultura, una deuda estatal

Mientras inauguraba la última Feria del Libro de Quito, el 13 de noviembre de 2015, Rafael Correa, presidente de la República, reconoció que una “deuda” de su gestión tenía que ver con haber postergado la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura.

Cinco días después de esa declaración, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, calificaba como una “deuda legislativa” al proceso, antes de intervenir en el seminario nacional ‘Análisis, reflexión y aportes a la Ley Orgánica de Culturas del Ecuador’.

“La deuda” está en manos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea, que preside Raúl Abad. El asambleísta azuayo explicó que, pese a ser declarada prioritaria, en 2008, la aprobación de la Ley de Cultura fue postergada por el debate de otras dos normativas que entonces estaban a su cargo: las leyes de Educación Superior (LOES) y del Deporte.

Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional, habría escindido las comisiones, en ocasionales, para que se concreten los avances, según Abad, quien aclaró, en el foro de la Flacso: “luego del primer debate en el pleno, supimos que el texto de la ley no estaba dando todo el alcance a los actores culturales, que el articulado era mezquino con ellos; entonces, la comisión hizo un informe para segundo debate. Ahora hay dos informes, de mayoría y minoría a los que integraremos varias propuestas”. Según Abad, Rivadeneira fue la responsable de que se retome la ley —de 84 artículos—, que se trabajó, durante casi un año, con la asesoría técnica del MCyP.

La Comisión encargada publicó el “borrador del informe” que se puede ver en el portal web de la Asamblea y Abad anunció que el lunes 4 de julio habrá “una gran difusión, en todo el país, de la Ley de Cultura, que estaría aprobada, máximo, hasta el sábado 30 de julio”.

“Una piedra en el zapato”

Juan Martín Cueva, quien fue en representación del MCyP (pues el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, estaba cumpliendo una actividad oficial fuera del país), dijo que “es legítimo que haya quienes pidan el archivo de la ley o que las cosas se mantengan como están en la actualidad; así como es legítimo que se vea como una urgencia y necesidad de ordenar y reorganizar el sector: la veintena de cuerpos legales que han ido construyendo una institucionalidad que, ahora, es caótica por la superposición de funciones”.

Cueva recordó que “se suele decir que la piedra en el zapato de esta ley es la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Una ley no puede, simplemente, desconocer su trayectoria institucional de 7 décadas y lo que hay que hacer es incluir su experiencia e integrarla, mejorando su modelo, que está en crisis. (...) La ley debe estar pensada para el ciudadano común y corriente, además de los actores y gestores culturales”.

Ana Rodríguez dijo que “ninguno de los equipos que han trabajado, durante 9 años sobre la ley, ha querido sepultar a la Casa de la Cultura (CCE), ni limitar su autonomía o designar a quien la presida”; y calificó de mito, al igual que Juan Martín Cueva, a la acusación de “secretismo” en torno a los textos de la Ley y su debate: “todo el articulado de la ley de cine se integró al proyecto que acaba de publicar la Asamblea (...) El Consejo Nacional de Cinematografía tendrá más competencias —incluso de regulación y control— y se convertirá en instituto”, señaló.

El archivo de la Ley de Cultura, según Rodríguez, incluiría el archivo de beneficios —para otros sectores, artistas, gestores, educadores— como “la generación de competencias, sin vacíos ni duplicaciones”.

El poeta Gabriel Cisneros, vicepresidente de la CCE, intervino desde el público, durante el debate que cerró el evento, para decir que “La Casa... no está en contra de la Ley de Cultura pero que debe haber diálogo y que nos escuchen”.

El Registro Único de Actores Culturales (RUAC), en disputa

El RUAC viabilizaría la puesta en marcha de un régimen laboral que atienda las especificidades que requieren los artistas, así como las condiciones necesarias para su seguridad social. “El RUAC no es un documento obligatorio ni habilitante en la Ley de Cultura, sino una herramienta técnica”, aclaró Juan Martín Cueva. El acceso a fondos de fomento a la producción artística se daría sin necesidad de registro. (I)