La historia recuerda como ‘La Gloriosa’ al levantamiento civil que el 28 de Mayo de 1944 empujó al presidente Carlos Alberto Arroyo del Río a renunciar a su cargo a tan solo 3 meses de terminar su periodo.

Todos tenían razones para odiar a Arroyo del Río. Los militares y conservadores no suscribían la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, luego vino la guerra con Perú, en que Ecuador terminó cediendo 300.000 km2, más de la mitad de su territorio.

Por otro lado, la represión sistemática a los sindicatos tenía furiosa a la izquierda, representada por Pedro Saad y Enrique GilGilbert. Incluso, parte de los liberales no apoyaba al presidente, quien, consciente de ello, decidió dar armas de guerra a los carabineros (hoy la Policía), que se mantuvieron leales.

El gran descontento dio paso a la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE), coalición de 7 partidos opositores, incluyendo al Conservador, Liberal Radical Independiente, Socialista y Comunista.

Ellos dirigieron la revuelta del 28 de Mayo y la caída de Arroyo del Río, a la que siguió el segundo ascenso a la presidencia de José María Velasco Ibarra, “el gran ausente” de la jornada, pues no había tenido nada que ver en la revuelta. El nuevo presidente convocó una Asamblea Constituyente.

En su ensayo “El estado y la etnicidad en la Asamblea Constituyente de 1944-1945”, el catedrático estadounidense Marc Becker sostiene que los socialistas creían que ese era el inicio de la Revolución Marxista en Ecuador: La izquierda tuvo 38 de 98 escaños, incluyendo al primer representante de los indígenas.

Becker, que aparece en el libro Los 101 académicos más peligrosos de América –por oponerse a la guerra en Irak– sostiene: “la presencia de la izquierda, amplia y significativa, produjo una de las constituciones más progresistas del Ecuador”.

La Constitución, explica Valeria Coronel, catedrática de la Flacso, “recogía las garantías establecidas en el Código del Trabajo [...], la tierra pasaba a ser patrimonio territorial del Estado, y por tanto, objeto de redistribución agraria.

Esas eran, explica Coronel, las demandas de 2 décadas de trabajadores, campesinos e indígenas.Pero estos grupos también se llevaron una decepción con la carta magna: El derecho al voto y a participar en política seguía siendo exclusivo para las personas alfabeta (que en ese entonces era tan solo un 5 % de la población).

La decepción mayor vino poco después, cuando en marzo de 1946, Velasco Ibarra anuló la nueva Constitución y se declaró dictador. Fue derrocado en 1947, pero los avances que había logrado la izquierda se detuvieron significativamente.

Pese a que la Constitución fue anulada, dice Coronel, “las nociones de derechos se mantuvieron y se actualizaron en los litigios de las siguientes décadas. Así, los gobiernos subsiguientes [...] debieron atender las demandas por la tierra y observar la expansión del sindicalismo”.