Miércoles, 09 Agosto 2017 00:00 Cultura

Gestores piden claridad en reglamentos para cultura

Ivis Flies, Rafael Barriga, Susan Rocha y Tatiana Salazar expusieron sus preocupaciones sobre la Ley de Cultura.
Ivis Flies, Rafael Barriga, Susan Rocha y Tatiana Salazar expusieron sus preocupaciones sobre la Ley de Cultura. Foto: Fausto Rivera Yánez

Artistas, investigadores y ciudadanía enviaron una carta de alerta al Presidente de la República sobre la ley del sector.

Redacción Cultura

“¿Qué significan, en estos momentos,  los diálogos por la cultura propuestos por el Ministerio del ramo que hoy se realizan en Quito y que ya se han hecho en otras ciudades? ¿Qué significan esos diálogos cuando ya hay una aprobación de los modelos de gestión del Sistema Nacional de Cultura que, hasta ahora, han sido desconocidos por todo el sector de la cultura?”, se preguntaba la mañana de ayer el gestor cultural Rafael Barriga, en una rueda de prensa donde se expuso la situación de la Ley de Cultura.

Barriga forma parte del grupo de artistas, gestores, actores, investigadores culturales y ciudadanía en general, que se autoconvocó para manifestar su preocupación sobre la falta de transparencia y socialización del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, aprobado el pasado 23 de mayo, en el último día de mandato del expresidente Rafael Correa. Hasta ahora suman  500 personas que se adhieren a este malestar y enviarán una carta al presidente Lenín Moreno exponiendo sus inquietudes.

En la misiva, los firmantes exigen públicamente que “se transparente la gestión y la documentación que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha elaborado para la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, esto incluye el modelo de gestión y reestructuración institucional de las entidades públicas del Sistema Nacional de Cultura”.

En un segundo punto, se dice que  el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, “manifestó públicamente haber enviado a la Presidencia de la República una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, pedimos que ese documento, al no haberse socializado ni transparentado, se rehaga y se exija que la propuesta de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura sea construida conjuntamente con todos los actores del sector”.

Junto con Rafael Barriga, a la rueda de prensa asistieron la gestora y museóloga Susan Rocha, el músico y gestor Ivis Flies, y la representante de la Coalición por la Defensa del Patrimonio y la Memoria Social, Tatiana Salazar.

Flies se refirió al artículo 114 de la normativa, que dice: “para efectos de la aplicación de los incentivos tributarios previstos en la legislación nacional, se declara como sector económico prioritario para el Estado la producción de bienes y servicios artísticos y culturales, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno”.

En este punto, el músico señaló que se desconoce el avance de este proceso (establecido también en los artículos 118 y 119), aun cuando el aporte de “la cultura al Producto Interno Bruto es el 1,2%, una cifra no menor si se considera que el sector de la construcción aporta el 10%. En el caos que se ha venido manejando la cultura, esta cifra es importante”.

 Otro de los puntos que abordó Flies fue el del régimen de seguridad social y laboral. En las disposiciones transitorias de la normativa, aprobada el pasado diciembre de 2016, se establece que en un plazo de 180 días de promulgada la ley se emitirá el Reglamento para la regulación del régimen laboral y de seguridad “de los artistas, profesionales del arte y trabajadores autónomos del arte y la cultura”. “Los plazos se han vencido y no se ha avanzado en estos temas”, dijo Flies.

Susan Rocha, quien también es directora del Museo de la Universidad Central del Ecuador y que en marzo pasado envió -con otros representantes del medio cultural- insumos para la construcción de los reglamentos, señaló que “la ley era la posibilidad de institucionalizar el sector y de crear un sistema que garantice el cumplimiento de los derechos culturales, tanto de quienes formamos parte del sector, como del resto de usuarios y beneficiarios. Apostamos por un modelo de gestión descentralizado, pues uno de los errores ha sido desconcentrar y no descentralizar”.

La carta enviada por este grupo de gestores concluye señalando que  los plazos de las evaluaciones sectoriales han terminado, “y que el Gobierno Nacional debe dar, con urgencia, pasos definitivos para el cumplimiento constitucional de la Ley Orgánica de Cultura, transparentando los insumos arriba indicados”. También solicitan una audiencia con el Primer Mandatario.

Tatiana Salazar, quien con Rocha forma parte de la coalición, se sumó al pedido de transparencia de los modelos de gestión, pues le preocupa “la suerte de los archivos, de la biblioteca Eugenio Espejo y del Museo Nacional” cerrados desde 2015.

“A nosotros nos parece que el diálogo debió hacerse antes de que validaran los instrumentos de gestión institucional que conforman el Sistema Nacional de Cultura  y  que fueron aprobados antes de ayer por el Ministerio de Trabajo (según el oficio Nro. MDT.MDT-2017-0359). No veo la necesidad de participar en diálogos que terminan legitimando  procesos que ya están elaborados”, puntualizó Susan Rocha. (I)

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