Es la más frecuente frase que se usa cuando se posesiona un nuevo gobierno o cuando ocurre un gran evento electoral favorable a un cambio legal. Todo gobierno quiere ser reformista y pretende: simplificar, disminuir, cambiar, integrar o simplemente eliminar leyes que pueden ser incómodas perseguidoras, excesivas y aun inconstitucionales para ciertos grupos de interés.
Algunos lo inician de una forma dramática y muy propicia, por ejemplo: una nueva asamblea constituyente que evidentemente repele cualquier traza de una antigua ley. Lamentablemente el éxito de esto es muy relativo, pues generan leyes que prometen perdurar por siglos y se vuelven molestosas antes de una década.
No voy a discutir la validez de nuestras actuales leyes. Algunas eran absolutamente necesarias, como la llamada Ley Antimonopolio, pues nuestro país ha sido uno de los últimos en tener una apropiada legislación en esa materia. La forma cómo fue aplicada pudo ser muy excesiva, sin embargo los entendidos dicen que si hubiera sido aplicada con justicia e imparcialidad, hubiera tenido consecuencias más rígidas para los actores económicos.
Y no hablemos mucho de la Ley de Comunicación, que siendo muy necesaria, tiene un cariz de arbitrariedad y prepotencia que es la rúbrica de su gestor. Derogar leyes no tiene mucho problema, pero depende de lo atadas que estén a los principios constitucionales vigentes; lo cual nos lleva a la necesidad de una nueva legislación a menos que caigamos en el peligroso terreno de inconstitucionalidad.
Y ahí tenemos el gran dilema de cómo generar nuevas y adecuadas leyes. Una manera de fracasar es precisamente la incapacidad de generar códigos que sean ágiles y efectivos y en su lugar generar leyes ad-hoc. Y a esto le sumamos una muy pobre socialización entre las partes afectadas. Y claro, siempre hay la tendencia a que sean retroactivas violando los más básicos derechos. Esto es un buen caldo de cultivo de leyes incomprensibles y contradictorias, que demandan conductas de los actores más allá de sus capacidades y poder.
Al final se promulgan códigos que necesitan frecuentes cambios que escapan al entendimiento de los afectados, pues hay manifiesta incongruencia entre el espíritu de la ley y su administración. Es por eso que debemos ser extremadamente cautelosos a las propuestas de cambios legales. (O)
