La Constitución de 2008 (llamada de Montecristi), marcó una nueva época en el constitucionalismo ecuatoriano: modificó la institucionalidad del Estado con cinco funciones, fortaleció al Ejecutivo, consagró la participación ciudadana directa, se fundamentó en el principio garantista sobre los más amplios derechos individuales, sociales, laborales, colectivos y de la naturaleza, robusteció las capacidades estatales, orientó la economía con criterio nacional y muy social, determinó un sistema tributario redistributivo de la riqueza, privilegió la economía social y solidaria y particularmente dedicó el título VI al “Régimen de Desarrollo” y el VII al “Régimen del Buen Vivir” que son ejes fundamentales para la construcción de una sociedad distinta.
Esta Constitución, aprobada por referéndum el 28 de septiembre de 2008 por el 63.93% de la población, fue atacada como “estatista”, “socialista” o “bolivariana” inspirada en el “chavismo”. Ya se ha olvidado quiénes votaron contra semejante “engendro” y la campaña mediática para lograr el triunfo del NO. Aquí estuvieron juntos demócratacristianos, Sociedad Patriótica, PRIAN, RED, desde luego el PSC, otros grupos afines, también los autonomistas y regionalistas, las derechas de diversos tonos y, además, reconocidas élites empresariales.
De manera que el retorno a los orígenes de la Constitución de 2008 y al “espíritu de Montecristi”, no puede olvidar a las fuerzas que se opusieron a aquella y que hoy, en el proceso de cambio intergubernamental, han recuperado presencia y hasta influencia mediática, marcando así el nuevo momento histórico que vive el país.
Además, la Constitución de 2008 estableció una serie de orientaciones destinadas a convertirse en políticas de Estado y no simplemente de gobierno, que guardaban concordancia con el propósito de crear una sociedad con equidad, justicia, desarrollo, felicidad. La Constitución dispone la seguridad social universal, la educación pública gratuita, la atención médica y de salud, la redistribución de la riqueza, la democratización de los factores de la producción y la promoción de los sectores populares, entre otras tantas líneas de la acción pública.
Ese conjunto de capacidades estatales requiere de enormes recursos para sostener las inversiones sociales y el afianzamiento de la institucionalidad. Implica la hegemonía del interés público y nacional sobre los intereses privados, un principio que no fue inaugurado por la Constitución de 2008, sino que deriva de un largo proceso histórico que da continuidad a similares esfuerzos impulsados por la Constitución liberal de 1906, la juliana de 1929, la radical de 1945 y la progresista de 1979.
Cumplir con el programa social y económico de la Constitución de 2008 también implica alterar las bases del poder político, afectar a las capas más ricas, construir una economía que abandona los supuestos del mercado competitivo y la ideología neoliberal. Un panorama de acciones diametralmente opuesto al de aquellos dirigentes políticos y élites empresariales que solo han reaccionado en defensa de sus intereses privados. (O)
