En el 2018, la despenalización del aborto por violación es prioridad para el movimiento de mujeres en Ecuador.
Se trata de un problema de salud pública porque cada día mueren niñas y mujeres por abortos inseguros y denigrantes que no dejarán de practicarse. Urgen decisiones, avances y protocolos claros y seguros a favor de nuestra vida: queremos debatir semanas de embarazo, cuidados para menores, posibilidades ambulatorias para el aborto y articular los diálogos de rigor entre el derecho, la salud y la despenalización social.
Tenemos dos causales, necesitamos ampliarlas porque la violencia sexual y la pobreza no decrecen, recrudecen.
El Estado no ha trabajado en erradicación de la violencia, por el contrario, se limita a fortalecer el sistema penal y endurecer penas; niñas y mujeres abortan todos los días y están en mayor riesgo mientras son más pobres; la violencia sexual es tolerada y ocultada por el Estado, la Iglesia y la sociedad y eso produce embarazos forzados, riesgos mortales y deterioro social. Ninguna mujer quiere abortar, se trata de una situación límite en la vida, pero el aborto es necesario porque hemos sido incapaces de desmontar las violencias que nos atraviesan.
Situar el aborto en un medio público supone promover una discusión de interés público que se amplíe a actores diversos, instancias estatales y a la sociedad civil con independencia política, respetando el principio de laicidad y fundamentos científicos que demanda un tema de esta naturaleza.
Debatir sobre el aborto es un imperativo ético, no solo del feminismo y no solo ahora. La violencia sexual en contextos extractivistas; la mortalidad materna en relación con la pobreza; el acceso a la educación para niñas víctimas de embarazos forzados: nos involucra a todos. Vamos a impulsar este debate a pesar de coyunturas, limitaciones a la laicidad y al margen de réditos políticos. Construyamos respuestas colectivas para seguir vivas, nos las debemos. (O)
