Uno de los problemas que afectan a los sistemas de lucha contra la corrupción que los Estados conciben y que, por lo general, lucen intrascendentes sin serlo, son los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos a cargo de dicha tarea anticorrupción, que permitan la aplicación de leyes, reglamentos y demás regulaciones vigentes, así como el ejercicio eficiente de las funciones institucionales y su fortalecimiento.
Como lo dijo el Frente de Transparencia en su documento final, se identifican constitucionalmente seis sistemas de control: Ejecutivo, Político, Jurisdiccional, Constitucional, Electoral y Social. En consecuencia, sobre estas modalidades de vigilancia son los diversos tipos de articulación que deberían programarse en el marco de un efectivo Sistema Nacional de Control.
Se propuso como primer paso y de acción inmediata, implementar dos espacios de coordinación para contribuir a la prevención de actos de corrupción y lucha contra la impunidad. Así, la Coordinación jurisdiccional de lucha contra la impunidad, con un diseño que articule las instancias competentes, respetando sus autonomías y estructurado desde la Presidencia de la República. Entre los actores propuestos están Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Rentas Internas.
Una segunda mesa de Coordinación para la prevención de actos de corrupción en el accionar público y privado. Esta coordinación, también diseñada desde la Presidencia de la República, trabajaría con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, las diferentes agencias de control, la Contraloría General del Estado y las varias superintendencias. Buscaría la armonización normativa, la depuración de competencias, la creación y mejora de herramientas de control, la unificación de información y la optimización de controles sectoriales. Se plantea, además, una focalización inicial en los sectores estratégicos como son la actividad petrolera y la minera. (O)
