No es caridad internacional ni misericordia de rico, es derecho ancestral, ese bendito Decenio. El Estado ecuatoriano, mediante su representante, también aprobó la Resolución del 23 de diciembre de 2013, de la Asamblea General de la ONU, codificada como 68/237. Las alturas gubernamentales y estatales como otros asuntos (minería venenosa en el norte de Esmeraldas, verdadera educación intercultural, por ejemplo) volvieron a su rutina: más letras muertas al cementerio de las buenas intenciones. O sea pulp fiction.
“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”, Artículo 424. Pues bien, el Decenio para la Afrodescendencia ecuatoriana es conjunto de políticas extraordinarias de derechos humanos. No es pulp fiction, como no lo son los artículos constitucionales subsiguientes.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Secretaría de Gestión de la Política y los Consejos Nacionales de la Igualdad (CNI) construyeron la Agenda del Decenio con la participación de cientos de mujeres y hombres de la negritud ecuatoriana. Fueron auténticos cabildos (la vieja escuela del cimarronismo más combativo) de debates y propuestas del liderazgo comunitario, organizacional, académico y palenquero para explicarle al Estado ecuatoriano la vía a caminar en estos diez años (2015-2024). Desde luego, esa agenda es perfectible, pero no debería aceptársela como pulp fiction.
La estrategia gubernamental es griega (por Penélope) y bastante sencilla: enredar y desenredar con palabrerío sociológico, economicista y zalamero hasta diciembre de 2024. El punto es que no hay interés de cumplir ni siquiera con esa cuestión básica de “reconocimiento, justicia y desarrollo”. Ojalá algún funcionario tuviera el valor para decirlo fuerte y claro. (O)
