Ayer sancionaron a dos asambleístas opositoras por manifestar su criterio político. Ambas calificaron al Consejo de Administración Legislativa como un órgano encubridor de la corrupción. Hicieron estas declaraciones bajo su inmunidad parlamentaria, en pleno ejercicio de sus funciones legislativas y después de que el órgano legislativo rechazara sin justificación varias peticiones de juicio político en contra del exvicepresidente Jorge Glas y del exministro de Educación, Augusto Espinosa.
Al mismo tiempo, el pleno de la Asamblea debatió sobre la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Esto es un contrasentido.
Las intervenciones estuvieron cargadas de frases sobre la equidad de género, el acoso político y los obstáculos para la libre expresión en la matriz hetero-patriacal opresora. Minutos después, Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, y Ana Galarza, de CREO, antes calificadas con misoginia como neuróticas por Jorge Glas, fueron sancionadas solo por expresarse.
Ambas fueron acusadas de provocar incidentes violentos en las sesiones plenarias, según la Ley de la Función Legislativa (art. 165.3). ¿Acaso denominar con todas sus letras a un órgano cómplice de la descomposición ética del Gobierno correísta equivale a violentar las sesiones?
El mensaje es claro: está prohibido legislar, está prohibido fiscalizar, y se prohíbe hablar a los legisladores. Sí, hablar. Hablar en nombre de todos, no solamente de sus electores. En hablar o, dicho con propiedad, en el acto de parlamentar reside la mayor parte del trabajo legislativo. De ahí proviene el término “parlamentario”. El parlamentario que no quiera hablar, es mejor que renuncie.
Ayer se prohibió parlamentar y en un acto de misoginia institucionalizada se sancionó como “violentas” a dos de las pocas legisladoras que cumplen con su trabajo, Esto en el día del debate de la ley para erradicar la violencia a la mujer. (O)
