El término neoliberalismo tiene su nacimiento en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, para renovar el discurso del liberalismo clásico y ‘actualizarlo’ en un contexto en que el Estado liberal asume el rol de ‘Estado de bienestar’. El posneoliberalismo ha sido utilizado para calificar la ruptura con el neoliberalismo que provocaron -en su momento- varios gobiernos progresistas en América Latina; gobiernos que surgen desde los sectores populares en contra del neoliberalismo, que se caracterizan por alejarse del Consenso de Washington y aplicar políticas públicas con sensibilidad social porque ejecutan una lucha frontal contra la pobreza y la exclusión. América Latina fue el laboratorio de experiencias neoliberales.
Los gobiernos progresistas han tenido que convivir con el poder de la burguesía (grandes empresas privadas, bancos, exportadores, medios de comunicación) que dispone de apoyo interno e internacional. En el caso de América del Sur, las élites que han detentado el poder desde inicios del siglo XX hasta la presente fecha se han asegurado de consolidar su dominio, no solo en el campo político, económico y militar, sino también -y de manera muy especial- en el campo cultural e ideológico, en el cual los medios de comunicación privados desempeñan un papel de primer orden.
Ejemplos claros de esta utilización lo constituyen las redes de televisoras como O Globo en Brasil, Globo Visión en Venezuela, Caracol en Colombia; diarios de amplia circulación como Clarín en Argentina, El Nacional en Venezuela, El Comercio en Perú, El Mercurio en Chile, El Tiempo en Colombia, entre otros; no han hecho otra cosa que servir de plataforma comunicacional de los intereses y ‘valores’ de las élites que han gobernado a Latinoamérica en los últimos 100 años. Basta recordar, por ejemplo, el triste papel que cumplió el diario Clarín como soporte de una supuesta legitimidad de las más sangrientas dictaduras que en las décadas 60 y 70 masacraron al pueblo argentino. O el papel de Globo Visión, en Venezuela, como vocera de la violenta y apátrida oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Estos dos ejemplos -entre muchos otros que podrían mencionarse- configuran lo que especialistas en medios de comunicación denominan actualmente dictadura mediática e incluso terrorismo mediático.
En el caso de nuestro país, el Partido Mediático Mercantil Ecuatoriano (PMME, por sus siglas en español) sigue inmerso en la tercera vuelta: no cesa la campaña difamatoria en contra de los que triunfaron en las últimas elecciones; apuntan hacia el ingeniero Jorge Glas, vicepresidente de la República, a quien lo hacen aparecer como autor de las ilegales acciones de Odebrecht, en varias obras de los sectores estratégicos. Es la acción típica -repitiendo mil veces una mentira- para posicionar en el imaginario colectivo un caso de corrupción cometido por el mencionado funcionario; sin embargo, hasta el momento no presentan una sola prueba. Tenemos un caso de desprestigio sistémico para preparar el terreno que facilite el retorno de la derecha neoliberal criolla mediante un golpe ‘blando’, según el manual de Gene Sharp.
Es necesario formular entonces una política comunicacional contrahegemónica que nazca desde los sectores populares, que nazca de la necesidad de informar a las mayorías con la verdad, para detener la manipulación mediática, que indudablemente forma parte de un proceso desestabilizador. Tal parece que, para la restauración conservadora, cuatro años son mucho tiempo. (O)
