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El Telégrafo
Íñigo Salvador Crespo

La piedra en el zapato: Assange

14 de enero de 2018 - 00:00

El asilo diplomático otorgado a Julian Assange solo le ha causado al Ecuador incidentes y bochornos en sus relaciones internacionales. El último episodio es la gota que colmó el vaso: el intento de acreditarle como diplomático ecuatoriano ante el Gobierno británico y la inevitable negativa de este.

Más allá de las razones que pudieron motivar la concesión del asilo hace más de cinco años, el hecho es que ellas han perdido toda vigencia. ¿Qué es, entonces, lo que hace a Assange tan valioso para que el Ecuador se empecine en mantenerle en la embajada en Londres? Si fuera por razones humanitarias, como se alega, ellas mismas habrían debido conducir al gobierno ecuatoriano, en 2016, a no expulsar de su territorio a las decenas de cubanos que transitaban por el país para llegar a Estados Unidos antes de la derogación de la normativa “pies secos, pies mojados”.

Es cierto que el Derecho Internacional impide al Ecuador entregar a Assange al Reino Unido o a Suecia (Estados Unidos, pese a lo que sus abogados aleguen, no lo han requerido hasta ahora).  Pero Ecuador debe deshacerse de esta piedra en el zapato de sus relaciones internacionales. Ya se ve que la capacidad de negociación del país se ha agotado; ello le ha llevado a echar mano de triquiñuelas como la de otorgar carta de naturalización al asilado para presentarlo como diplomático ecuatoriano.  Que el gobierno de Lenín Moreno admita su falta de opciones será el paso inicial de la solución.

Es hora de poner el impasse en manos de la justicia internacional, como lo sugerí hace un par de años en otro espacio periodístico:  un tribunal arbitral designado de consuno por Ecuador y el Reino Unido para que resuelva, en definitiva, quién tiene razón: el Ecuador al conceder y mantener el asilo diplomático a Assange o el Reino Unido al negarse a concederle el salvoconducto que le permitiera salir de territorio británico. Así, la suerte del incómodo huésped de 3 Hans Crescent no tendrían que decidirla ni Quito ni Londres, sino un tercero imparcial cuyo laudo sería vinculante. (O)

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