Los 28 legisladores de la facción correísta de Alianza PAIS se desafiliaron del partido político que los llevó al poder, acompañados del expresidente Rafael Correa, que hizo lo propio. Los renunciantes, legisladores activos, no esperaron a concluir con sus mandatos electivos para evitar violar la disciplina partidista, ni siquiera pensaron en dimitir a sus funciones antes de volcar sus empeños particulares en su nueva empresa electoral.
Pero si estos asambleístas fueron elegidos en una lista auspiciada por un movimiento político al que ahora repudian, entonces deberían declinar también de sus propias nominaciones partidarias como candidatos y sus investiduras como ganadores. Esconden que no ganaron nada por sí solos, que ganó el partido que ahora niegan a gritos y que codician, muy orondos, atesorar sus actuales puestos de privilegio.
Si están tan molestos con su movimiento, por decencia, deberían renunciar a sus cargos y posibilitar su reemplazo, según la ley. Entonces, solo así estarían libres para emprender en las actividades particulares que quieran. La desafiliación, acompañada de la amenaza de inscripción de un nuevo partido, ya es causal por sí misma para la pérdida de la calidad de asambleísta. Todos los legisladores tienen prohibido desempeñarse en lo que no fuera propio de sus funciones, así como dedicarse a actividades que impidan el ejercicio de sus cargos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (art. 163.1).
Dar vida a un partido que no ha ganado nada, con la intención manifiesta de arruinar la gobernabilidad democrática, es una iniciativa particular incompatible con sus mandatos representativos y motivo de destitución. Por eso es urgente redistribuir los cargos de la Función Legislativa, según la nueva relación de fuerzas, y empezar por reestructurar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para viabilizar la sanción de destitución de estos 28 aventureros como para reinstalar los juicios políticos pendientes en una nueva Comisión de Fiscalización. (O)
