Explicatio non petita, accusatio manifesta.  O sea:  quien se explica, se implica.  Esto es lo que ha hecho el Gobierno Nacional al anunciar, sin que nadie se lo pida, que no despojará a Julian Assange de su status de asilado en la embajada del Ecuador en Londres. El anuncio, empero, transmite justamente lo contrario: si se ha creído necesario explicarlo será porque el tema se está discutiendo en las esferas del gobierno.

El asilo diplomático de Assange tenía una razón de ser hace cinco años y medio, cuando fue otorgado. En momentos en que el gobierno de Rafael Correa construía la estructura de limitación de la libertad de expresión en el Ecuador, ofrecer el asilo a Assange, considerado por muchos un adalid de ese derecho, era una importante prenda para consumo internacional de que en el Ecuador la expresión era libre. Aunque el sustento jurídico para el asilo no fuese el más sólido, cada vez que se criticaba al país en los foros de derechos humanos por sus políticas de restricción de la libertad de expresión nuestra diplomacia esgrimía el comodín Assange.  Poco importaba que él violara las condiciones de su asilo, opinando sobre política nacional e internacional.

Los tiempos han cambiado. El presidente Moreno se muestra abierto al diálogo y los medios públicos comienzan a informar objetivamente. Aún queda mucho por hacer, como derogar, o al menos reformar la Ley de Comunicación, pero es claro que ya no necesitamos exhibir al activista australiano.

El Derecho Internacional prohíbe que una persona que goza de asilo sea entregada a un país donde su vida corra peligro. Ecuador, por lo tanto, no debe entregarlo al Reino Unido ni a Suecia (aunque en ese país deba responder ante la justicia por presuntos delitos de violencia contra la mujer); menos aún a Estados Unidos (aunque tampoco hay indicios sólidos de que ese país pretenda enjuiciarle). Pero nada impediría que, ejerciendo una diplomacia dinámica e imaginativa,  Ecuador negociase la salida de Assange del Reino Unido hacia un tercer país que acepte recibirle; práctica aceptable, según la normativa internacional. (O)