En esta semana el presidente Correa dio explicaciones que no le correspondían a él. Y en estas explicaciones terminó por evidenciar las deficiencias y limitaciones de los medios públicos. Afirmó que es “lícito” que los medios estatales (que en realidad son “públicos”, una diferenciación que debería ser más que semántica) cubran la convención de AP, así sea “político-partidista”, porque estaban el Presidente y el Vicepresidente. Es decir, fue lícito porque se difundió “la posición oficial de la entidad pública” y al estar su máxima autoridad, fue un acto de “interés general”, como aclaró Patricio Barriga, secretario nacional de Comunicación.
El problema es que Correa y Glas no fueron como Presidente y Vicepresidente a la convención de AP. Fueron en función de miembros del movimiento. Aunque la convención puede ser considerada de interés público, también lo son las del resto de partidos y, sin embargo, estas no fueron transmitidas. Pero más importante aún, esa explicación no la debió dar el Presidente, ni el Secretario Nacional de la Comunicación. La explicación debió darla la Gerencia de RTV (Televisión y Radio de Ecuador E.P.). Si bien el “interés público” es un término de amplia interpretación, lo que se demanda de los medios públicos (o lo que yo demando como empleado de un medio público y, más aún, como ciudadano) es que el estándar de interpretación sea riguroso y equitativo.
Lo más preocupante es lo que dijo el Presidente después. “He pedido a la Secom que si no está el Presidente y así esté el Vicepresidente, como es candidato, pues se le dé la misma cobertura que cualquier otro político de otros grupos de oposición o donde fueren”. Preocupa porque esa no es una potestad del Presidente, no debería ser de la Secom (así sea parte del Directorio de estos medios), la de garantizar la equidad de cobertura mediática en los medios públicos. Esa es una potestad, tanto de quien dirige los medios públicos, como de la ciudadanía que los financia y a quien sirven.
Los medios privados (y aquellos digitales “independientes”) han mostrado sus propias limitaciones y preferencias políticas, una postura que ha mutado desde el anticorreísmo visceral hasta el pro-(inserte candidato de oposición) insufrible. Pero nuestra barra no pueden ser los medios privados. No podemos comparar nuestra cobertura y línea editorial como un juego de contrapeso a la posición del resto de medios. La nuestra debe ser una postura de servicio público, amplio, plural y crítico. No de contestación al resto. No un reflejo del humor del presidente de turno.
El Presidente está en su derecho de tener un criterio sobre los medios públicos; incluso una preferencia de cómo estos se deben manejar y lo que deben cubrir. Pero los medios públicos deben responder a estas preferencias de la misma manera que responden a la retahíla de insultos que reciben de, por ejemplo, Cynthia Viteri (y si no han escuchado una respuesta de los medios públicos a estos insultos, pues a lo mejor esa debería ser la respuesta).
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿si mañana AP pierde las elecciones presidenciales, cuánto cambiarán los medios públicos en su línea editorial, en su generación de contenido, en los espacios sociales disponibles, en su stock de columnistas, etc.? Si la respuesta es “mucho”, entonces nos falta mucho para que estos medios sean verdaderamente públicos. Este experimento, todavía joven y en formación, tiene un largo camino por recorrer. Pero en ese camino, estas preguntas no pueden quedar sin resolver. (O)
