Desde la instauración del gobierno de la Revolución Ciudadana, los medios privados, unos solapados, otros, abiertamente, emprendieron paulatina y tenaz labor de perturbación al proceso de cambio, a medida que se fortalecía el liderazgo de Rafael Correa Delgado con el resplandor de su gran obra social que se sentía en el ámbito nacional. Siempre, desde el inicio de la era republicana, convencidos de su poder, esos medios, llamados también “independientes”, marcharon de la mano de la derecha reaccionaria para proteger, mutuamente, sus intereses y negocios.

Siempre esa voraz alianza se ha mantenido, y de común acuerdo, cuando avizoraban riesgo de perder su hegemonía, frente al fortalecimiento del régimen del Buen Vivir, exhibían a manera de baluarte “la defensa de la libertad de expresión”.

Ahora con el régimen del diálogo en busca de consenso para gobernar sin contratiempo, en beneficio de los más pobres de la patria, esos medios particulares, temerosos de perder influencia y privilegios, definitivamente, convertidos en actores políticos, arman otra bullanga, en complicidad de los derrotados en su intento por sepultar lo que ellos llaman la “ley mordaza”.

Los falsos defensores de la libertad de expresión, incluidos, columnistas, dirigentes gremiales vinculados al imperio y políticos fracasados, presumen de abanderados de la supuesta causa, pero se olvidan del tema cuando se ponen en peligro, los intereses patronales.

Sí, se dan cuenta, los periodistas privados que la vigente Ley de Comunicación terminará con el iluso poder y privilegios, aunque todavía se siguen creyendo propietarios exclusivos de la verdad.

La Ley de Comunicación en vigencia, no es para clausurar medios, ni para perseguir a periodistas. Es un instrumento jurídico que controla y regula el funcionamiento de los medios privados y públicos, justo en un crucial momento histórico de cambio. Fundamedios, que recibe fondos del Departamento de EE.UU., se ha convertido en el principal adulador de los medios con la promesa de promover escándalos en complicidad de asambleístas de oposición, políticos derrotados y columnistas comprometidos hasta, supuestamente, lograr el entierro de la ley.

La ciudadanía responde, destacando que la Ley de Comunicación, es una herramienta que evita abusos de los medios y promueve la cultura e industria nacional “Prohíbe la publicidad engañosa y hoy se puede apelar a una figura que reconoce la ley, como es el linchamiento mediático” y el derecho a la réplica. A pesar del griterío de los contrarios, principalmente de los aduladores, no hay medios suspendidos por la Ley de Comunicación.

En el fondo, a la prensa privada, a sus instituciones aliadas y a los derrotados, no les incumbe el tema de la libertad de expresión, sino el pretexto para agredir al líder Rafael Correa que se yergue invencible, presto para un probable retorno y, atemorizar a los nuevos mandatarios Lenín Moreno y Jorge Glas con boicotear su política de diálogo y su gestión, si no ceden a sus exigencias.

Como la prensa privada va perdiendo credibilidad, busca aliados en los derrotados, animándolos con mensajes y amplias coberturas, a seguir en la contienda hasta terminar o detener el proceso de cambio que enarbola Alianza PAIS y sus aliados. La Ley de Comunicación predica una prensa libre y garantiza un periodismo serio y la sujeción de los comunicadores a normas de conducta y de responsabilidad social. (O)