La riqueza de un banquero no solo es fruto de un supuesto talento para los negocios o la rentabilidad de sus empresas, sino de un contexto social, económico y político. No siempre los banqueros han sido tales por su capacidad de hacer plata, pues para hacerlo necesitan de las condiciones legales y políticas de un país en concreto. De lo contrario, no se podría entender ni analizar la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos y Europa, por ejemplo.

Guillermo Lasso asumió el reto de ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador sin decirle a quienes se supone serían sus mandantes con qué fortuna cuenta y entraría a gobernar el país. Hoy debía ocurrir un diálogo entre los dos finalistas presidenciales en un evento organizado por la Red de Maestros, pero esta organización puso una condición básica: que los candidatos presenten, en una Declaración Juramentada, sus bienes, negocios, firmas, empresas o cualquier otro activo o pasivo. Lenín Moreno aceptó el pedido. Lasso no, pero además quiso poner sus propias condiciones. 

Si se admitieran las exigencias básicas de un sistema democrático, esas consideraciones serían aceptables y lógicas, porque el conflicto y los intereses de grupo son parte de la dinámica social, política y económica de un país. Así funciona la democracia en otros lares. Ergo, quienes asumen el poder político deberían quedar liberados de cualquier sospecha sobre el uso de ese poder a favor o en beneficio de sus empresas o negocios particulares y, también, de sus amigos, socios o financistas.

Por lo mismo, quedan sobre la mesa preguntas obvias: ¿Por qué el banquero Lasso no presentó en su programa de gobierno su propuesta de un millón de empleos, del libre ingreso a la universidad, de la consulta previa para los proyectos mineros? Aunque sí notarizó su oferta de eliminar 14 impuestos, no ha declarado, ni verbal ni legalmente, si posee o no 49 empresas off shore, y tampoco que las operaciones en el extranjero de su banco en Panamá, Baninsi, habrían sido efectuadas para repatriar capitales en calidad de inversión foránea directa.

Esas son cuestiones elementales y requerimientos políticos indispensables para quien desea administrar un país que, por suerte, tiene la memoria fresca del feriado bancario y de la incautación de los ahorros de miles de clientes del sistema financiero privado, y que el Estado tuvo que enfrentar después a través de mecanismos ideados por políticos sin escrúpulos.

Si el banquero Lasso se atreviera a declarar bajo juramento la totalidad de sus bienes, quedaría fuera de toda duda que muchas de sus empresas e inversiones en el exterior habrían servido para la evasión fiscal en Ecuador.

Por eso tiene mucho sentido y pertinencia la solicitud de los maestros ecuatorianos. Lo debieron hacer todos los candidatos en la primera vuelta, pero en función de que el próximo domingo se define quién gobernará el país surge ahora como una condición ineludible para la democracia, si a esta se la concibe y asume como un espacio de responsabilidad y transparencia públicas.

Nota de aclaración: Este texto fue entregado por su autora el viernes pasado antes del anuncio de la Red de Maestros de suspender el Diálogo Presidencial