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El Telégrafo
Roberto Follari (*)

Poder judicial beligerante

16 de diciembre de 2016 - 00:00

Un sector minoritario, pero decisivo, del Poder Judicial argentino trabaja para demoler políticamente al kirchnerismo. Lo hizo cuando este se hallaba en el gobierno, y lo hace con más facilidad y fruición con la existencia de un ‘gobierno amigo’.

Esa justicia no es ciega, es tuerta. Mira para un solo lado. Y opera según la lógica de los ‘golpes de Estado blandos’; ya no golpes militares, apelación ahora a la conjunción de poder mediático y Poder Judicial, contra cualquier intento político de salir de la sempiterna postergación de los sectores populares.

La fórmula huele a producida en Washington. La operación no es muy sofisticada, pero sí harto efectiva: llenar de casos judiciales a los funcionarios del gobierno odiado, ya sea que las acusaciones tengan alguna base real o no la tengan, eso importa poco. Lo que sí importa es la espectacularización de la situación vía TV: hay que hacer shows de gente contando dólares o revoleando bolsas de dinero. El origen y la autenticidad de las filmaciones, por supuesto, tampoco importan: lo importante es repetirlas ad nauseam, de modo que el público crea que está ante rufianes incorregibles. Lo demás, es fácil: mantener el ritmo de las causas según el timing de las necesidades del gobierno actual, llenar la TV con casos del kirchnerismo cada vez que aparece uno del macrismo en la palestra.

Lo cierto es que corrupción, en el gobierno macrista, no falta. Estamos ante el inédito caso de que, a solo un año de ser gobierno, se tenga dos imputaciones para el presidente (una es de esta última semana), otras 2 de la vicepresidenta. Por cierto que las cuatro son diferentes entre sí; un verdadero récord en la historia nacional, y probablemente en la latinoamericana.

Ello no importa a los medios de comunicación hegemónicos, que disimulan y ocultan esas lacras, mientras insisten en las que atribuyen al gobierno anterior. Y en la justicia, duerme por ahora la causa de los ‘Panama Papers’, un escándalo global que ha dado lugar a renuncias de premieres y ministros en todo el mundo, pero que en Argentina no motiva más que comentarios mínimos en páginas secundarias de algún diario.

Hay un juez, central en causas contra Cristina Kirchner, que mató a dos jóvenes a tiros y llegó a su cargo de la mano del corrupto menemismo. Otros jueces y fiscales beligerantes, convocaban a -y participaban de- marchas opositoras en tiempos del anterior gobierno, lo cual es ajeno a su función y, además, implica abierto prejuzgamiento en causas de las que ahora no se apartan. Y otros, según escribió un periodista de indisputable derecha ideológica, se reunían en esos tiempos para conspirar contra el gobierno de entonces.

¿Qué hacer con estos casos? La institucionalidad requiere encontrar contrapesos a estas anomalías. Así como algunos medios de comunicación asumen hoy funciones que exceden sus atribuciones legítimas, hay casos en que el Poder Judicial se excede, y no hay cómo impedirlo dentro del orden legal.  

Habrá que explorar opciones, como sería la de un Consejo de la Sociedad Civil que pueda evaluar a los jueces y fiscales. Esa es una opción, puede haber otras, pero la abierta parcialidad y grosera filiación política en las acciones judiciales, promovida por aquellos que más pretenden ejercer justicia independiente, debe de alguna manera ser limitada y sancionada. (O)

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