El caso Odebrecht deja al descubierto las debilidades institucionales del país para frenar la corrupción; conduce a confusión. La opinión ciudadana es víctima de la oposición, que utiliza criterios e información de viejos círculos de la partidocracia corrupta y sus nexos internacionales, a fin de interferir los procesos democráticos de cambio. La corrupción a lo largo de los tiempos se ha manifestado en el manejo corrupto del Estado y de la economía, sometidos a grupos monopólicos y a las transnacionales. Es un concepto confuso y amplio, inherente al sistema. No solo es dinero, puede ser intereses de cualquier tipo, odio y venganza. Se da en los sectores público y privado; genera injusticias, desigualdades y desconfianza; aumenta el escepticismo de la población y apatía por la defensa de lo público; disminuye la voluntad de generar un rearme ético y espíritu democrático. Conduce a sentar nuevas bases para cambios jurídico-institucionales en la gestión pública, educación y aprendizaje, por parte de la sociedad. Exige coordinación interinstitucional, si se tiene como objetivo el reinstaurar la credibilidad para salir del estado de confusión e indiferencia de la comunidad, propiciando su participación organizada, consciente y permanente. Los gobiernos de la RC han dado pasos importantes en procura de instrumentar una política de Estado, clara y definitiva, contra este flagelo, lo que ha merecido un amplio respaldo ciudadano.
La corrupción se ha manifestado a lo largo de los tiempos, entre otros aspectos, en una legislación direccionada, feriados y salvatajes bancarios; créditos dirigidos y vinculados; sucretización de la deuda externa privada para endosarla a todo el pueblo; inversiones sesgadas a intereses de corporaciones y sectores pudientes; políticas económicas de ajuste (FMI): sobredevaluaciones, altas tasas de interés, impuestos indirectos; creación de la AGD; sesgos judiciales; endeudamiento y renegociaciones leoninas de la deuda externa; desinformación a través de los medios de prensa; declaratoria interesada de ‘emergencia’; evasión tributaria, concesiones amañadas en favor de multinacionales (caso Chevron); acción direccionada de autoridades vinculadas a intereses de grupos; plusvalía gratuita para propietarios, gracias a inversiones públicas; lavado de dinero y uso de paraísos fiscales para exportar el ahorro nacional; usura; chulco, uso del presupuesto del Estado para financiar gastos reservados, narcotráfico, coyoterismo; financiamiento oligárquico interno y del exterior, condicionado; ‘compra’ de partidos y dirigentes, transnacionalización del crimen organizado; políticas asumidas frente a las crisis financieras internacionales, que han afectado a millones de personas y enriquecido a reducidos círculos hegemónicos. Por todo lo anterior, es indispensable elaborar un plan contra la corrupción que debe ser total, global y permanente, que implique a todos los actores y poderes en forma coordinada, para recuperar la confianza en la democracia. Por tanto, se debe revisar y ajustar el marco jurídico institucional vigente; definir las formas de comunicación con la sociedad y apoyo a su organización, a fin de que pueda participar en el proceso de cambios de las débiles y viciadas estructuras y de la gestión del Estado. También se debe rechazar las prácticas de denuncias temerarias, sin fundamentos, con fines politiqueros y propósitos perversos.
En suma, se trata de definir políticas de Estado para lograr efectos positivos de largo plazo, siendo responsabilidad no solo de la Asamblea Nacional (leyes y fiscalización), Poder Judicial, Fiscalía General, CNE, Contraloría General del Estado, CPCCS, Senplades, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Instituto de Compras Públicas, SRI, Aduanas, empresas públicas, GAD, entre otros, sino del conjunto de la sociedad y sus organizaciones. Se trata de tener coherencia entre políticas y mecanismos, en defensa del erario nacional, interés público y la institucionalidad democrática. (O)
