Es una presa política. Reconocida dirigente social en la provincia argentina de Jujuy, situada al norte de ese país, lindante con Chile. Por supuesto, el gobierno macrista niega que esté presa por razones políticas, pero el hecho es obvio: sin juicio ni sentencia, lleva en prisión más de 10 meses, y se la encarceló tras un acampe de protesta en la plaza central de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia. Es evidente la participación del gobernador Morales en la situación. Se trata de un hombre que ha negado la independencia del Poder Judicial con sus declaraciones, y seguro que no solo con ellas. Su foja política lo muestra como importante miembro del desastroso gobierno neoliberal de De la Rúa, aquel que cayó con el pedido social de “que se vayan todos”.

Los primeros en irse debieron ser los miembros de ese gobierno fracasado y vergonzoso, varios  de los cuales son hoy miembros del gabinete de Macri. El actual gobernador Morales, jerarca por entonces en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, tampoco se fue. Curiosas son también otras situaciones aledañas a la de la referida presa política del gobierno macrista: varios miembros de la Corte Suprema se votaron a sí mismos -siendo legisladores- para llegar a ese lugar en los inicios del gobierno de Morales, en situación de abierta irregularidad.

Los cuatro abogados de Sala han sido procesados, lo que equivale a una clara amenaza a cualquiera que quiera ocupar ese lugar, necesario por normas elementales del derecho. En esta última semana, tras largos meses presos, recién fueron liberados el marido de Milagro y otros dos militantes de su organización Túpac Amaru, pero hay otras militantes que siguen presas, además de la líder del grupo. Y ahora se ha iniciado la persecución judicial en la provincia de Mendoza contra esta organización, muy a destiempo ante las urgentes y clamorosas solicitudes de libertad a la dirigente jujeña.

No están exentos de racismo los ataques a Sala ni de un revanchismo  evidente para cualquiera que visite Jujuy. Allí se mezclan rechazos -que pueden ser legítimos en algunos casos- a las metodologías políticas de Sala con aceptación de su situación de prisión, lo que implica dos cuestiones totalmente diferentes, y para nada asimilables entre sí.

El premier canadiense incomodó a Macri, pidiéndole públicamente por la libertad de Sala. La ONU, a través de dos diferentes grupos de trabajo (Contra la Segregación Racial y Contra las Detenciones Arbitrarias), se ha manifestado repetidamente en el mismo sentido, aduciendo elemental necesidad de apego al derecho. El macrismo ha intentado minimizar la situación, arguyendo que no se trata de la ONU sino de “un grupo” -como si no perteneciera a dicha organización-.

Ahora, para que no queden dudas, habló directamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiendo la inmediata libertad de la dirigente detenida, y haciendo una larga argumentación al respecto. Luego de ello ya no puede esconderse el caso, es parte de la agenda de los organismos multilaterales a nivel mundial y regional.

A su vez, muchos argentinos reclaman por Navidad sin el oprobio de que haya siquiera una persona detenida por razones políticas.

Macri, en un momento de reveses legislativos y fuerte parate económico, puede agregarse un conflicto adicional si no libera a la dirigente (quien por otro lado es legisladora electa en el Parlasur). De hoy en más, no habrá reunión internacional en que se deje de exigirle el apego a derecho cuando se trata de endilgar supuesta corrupción a sus adversarios, viejo mecanismo que el actual gobierno argentino ha revivido hasta el hartazgo. (O)