Los modelos de protección social implementados en diferentes países están afincados generalmente en el esquema tradicional de reparto de roles sexuales: hombres como proveedores y mujeres como cuidadoras, por lo cual son incapaces de integrar la creciente presencia de las mujeres en el mercado laboral, nos dice la OIT en un documento reciente.
En un libro que circula en estos días ‘Mujeres y protección social en el Ecuador’, compilado por Álison Vásconez y publicado por el MIES, se analizan los sistemas de protección social en Ecuador desde una mirada del género; el régimen de empleo y derechos del trabajo; la protección social y los cuidados; los debates acerca de las transferencias monetarias; y la seguridad social y género.
Un sistema de protección social procura brindar una respuesta a una población que se encuentra en riesgo de deterioro de su situación de bienestar presente, es decir un grupo vulnerable. Estos riesgos tienen que ver con contingencias como desastres naturales pero también temas cotidianos como desempleo, vejez, enfermedad, pobreza y desigualdad. La protección se amplía a la primera infancia, bajo el entendido de que así se aseguran condiciones más óptimas para esa población, a futuro. El conjunto de prestaciones que se brindan dentro de este sistema, ya no se lo hace en América Latina desde una visión de caridad, sino desde un enfoque de derechos.
Los datos nos dicen que las mujeres son las más pobres y aquellas que tienen más dificultades para acceder a educación, a empleo o que disfrutan de escaso aseguramiento en su vejez. De ahí que las políticas de protección social deben necesariamente incluir un enfoque de equidad de género para equilibrar esta situación. Ahora bien, la atención en estos programas a poblaciones en su mayoría de mujeres, no implica que necesariamente estén trabajando con un enfoque de género.
La transversalización adecuada de esta perspectiva significa más bien que las políticas deben considerar cuál es este reparto de roles tradicional y la vejatoria división de trabajo sexual persistente en la sociedad. Debe considerar el hecho de que la incorporación al mercado laboral de la mujer para generar ingresos, frecuentemente con una menor retribución económica, es inequitativa puesto que ella continúa a cargo de las tareas de cuidados, lo que implica una asfixiante recarga de trabajos.
El esfuerzo de sistematización de este libro es significativo. Examina un conjunto de experiencias de política y de reflexiones alrededor de ella, y nos acaba por mostrar que el desafío es no solo contar con un número amplio de mujeres beneficiarias de estos programas, sino incorporar una perspectiva de transversalización de género que analice minuciosamente los lugares y las formas de las exclusiones y rezagos de las mujeres, para que la política pública pueda diseñar los mecanismos para revertirlos.
