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El Telégrafo
César Hermida

Medicina prepagada

22 de octubre de 2016 - 00:00

Al fin, el Estado ecuatoriano inició un procedimiento de control de este sector, que se encontraba sin ningún tipo de vigilancia, para la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos.

Los seguros de asistencia médica y de servicios de medicina prepagada no tenían en Ecuador un mecanismo claro de control y reclamo para las personas que se sentían perjudicadas. No había normas. Los principales problemas se referían a la negativa del pago con el argumento de que se trataba de una enfermedad preexistente y al incremento inesperado y libre del pago de las aportaciones.

La medicina está a cargo de la curación de las enfermedades, su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para la recuperación de la salud. Está en manos públicas y privadas, mientras la prevención de las enfermedades mediante las vacunas (prevención primaria) está en manos exclusivas del sector público. La prevención secundaria (diagnósticos tempranos) también está en manos de la medicina, como la terciaria (rehabilitación luego de problemas básicamente de trauma).

La medicina, el ejercicio clínico sobre las enfermedades del cuerpo biológico individual, está íntimamente relacionada con las empresas de producción industrial y del mercado comercial, por la fabricación y venta de equipos, insumos, medicamentos, y la venta de servicios ofertados a través de seguros médicos y otros programas de medicina prepagada. La industria y el mercado médico son líneas de las más reditivas en el mundo.

Los servicios médicos tienen básicamente tres alternativas: los públicos en manos del Estado, de los ministerios de Salud, constituyen el modelo inglés o Beveridge; los igualmente públicos a cargo de la seguridad social, el modelo alemán Bismark; y el del sector privado con sus variantes de pago directo o mediante programas de prepago, para prestaciones en consultorios u hospitales. Desde luego, hay un modelo llamado de mercado, que mezcla los servicios públicos del ministerio y de la seguridad social pagando con fondos públicos los servicios privados (Ecuador) o incluso contratando empresas privadas para administrar los servicios públicos de la Seguridad Social (Chile) o del Ministerio de Salud (Colombia).

Que las empresas privadas de seguros médicos y de prepago cancelen parcialmente los servicios que se prestan en instituciones públicas es una alternativa justa y necesaria. Pero, ¿cómo es posible que ciertas empresas hayan suspendido unilateralmente los contratos de prestación de servicios? Es indispensable que se debata el tema. (O)

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